En 2016, entró en vigor el Decreto en materia de desindexación del salario mínimo. Entre las implicaciones más importantes de este Decreto, se encuentra la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que fungiría como base en el cálculo de multas, créditos y aportaciones de seguridad social; sin embargo, tuvo un efecto muy desafortunado en otros ámbitos, en particular en el pago de las pensiones.
Antes de que este Decreto tuviera lugar, las pensiones se calculaban en salarios mínimos y no en UMAS. Para visualizar las consecuencias de este hecho, basta observar los montos: mientras que el salario mínimo es de 141.70 pesos, una UMA es de 84.49 pesos. En otras palabras, con esta modificación, los trabajadores reciben un 37% menos por concepto de su pensión.
De acuerdo con la Cuenta Pública del 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en México había 6.1 millones de pensionados. Poco más de la mitad (56.5%) de los pensionados recibía un ingreso de entre mil y cinco mil pesos mensuales. A la fecha, este grupo poblacional sigue siendo el más afectado con el Decreto que entró en vigor hace cinco años.
Para visualizar esta afectación, conviene mostrar la siguiente comparativa: una pensión de cinco veces el salario mínimo llega a los 12 mil 673.5 pesos en UMA; sin embargo, si se calculara una pensión similar con base en el salario mínimo, entonces el monto ascendería a los 15 mil 402 pesos. La diferencia es de más de 2 mil 500 pesos, una cantidad muy representativa, sobre todo si se trata del único ingreso que recibe esa persona.
Por otro lado, son de destacar las críticas que han surgido a raíz de esta determinación, en particular las que señalan que la UMA no puede ser la base para calcular una pensión, en virtud de que esta última comprende una prestación de naturaleza laboral, de ahí que deban regirse en salarios mínimos.
La afectación de este Decreto es importante, pues en nuestro país hay 10.3 millones de personas de 65 o más años, según datos del último censo del INEGI. Esta cifra equivale a más de siete veces la población del estado de Aguascalientes. Si observamos que este sector representa el 8.2% de la población total de México, entonces las problemáticas a las que se enfrentan las personas que se ubican en este rango de edad merecen toda nuestra atención.
Por supuesto, las personas que forman parte de este rango poblacional están sujetas a diversos esquemas de pensión y jubilación; sin embargo, las cifras nos permiten dimensionar el problema que ello representa y el número de personas a las que afecta. En ese sentido, presenté una iniciativa para que el cálculo de las pensiones se realice en salarios mínimos y no en UMAS, con la finalidad de garantizar que las y los trabajadores accedan a una pensión digna y que retribuya el esfuerzo que dedicaron en la construcción de un mejor México a través de las diferentes dependencias públicas, o bien, empresas de la iniciativa privada.
Como funcionarios públicos, nos toca pelear por ofrecer mejores condiciones de vida para la gente de nuestro país. No debemos olvidar que una vez que asumimos un cargo de representación pública, nuestra función consiste en legislar para y por la gente, no para intereses de grupo o de partido. Desde el Senado, entonces, pelearé hasta donde tope para que las y los trabajadores accedan a mejores esquemas de pensión, que honren y dignifiquen el esfuerzo dedicado a lo largo de su vida.
