La seguridad pública es en la actualidad uno de los principales retos a resolver, tanto por el Gobierno federal, como por los gobiernos de las 32 entidades federativas y de los 24661 municipios que conforman el territorio nacional, considerando las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Por años, se han venido implementando diversas políticas en materia de seguridad pública que lamentablemente han tenido pocos resultados palpables y que en mucho han potencializado los índices de criminalidad en el país, como lo demuestran los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que estos demuestran que en los primeros siete meses de 2019, en México han ocurrido 20,135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95.8 casos por día, siendo esta cifra mayor a la registrada en el mismo periodo pero del año 2018 cuando se reportaron 19,335 víctimas de homicidio.
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad.
Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de cualquier peligro, daño o riesgo.
Ante la realidad de un estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos, desenfocando el potencial que tienen para contribuir al desarrollo del país en solventar al estado en su función de proporcionar seguridad a la ciudadanía en general y a ellos en específico.
En un Estado democrático y progresista la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y de la calidad de vida.
El desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de la seguridad no debe de estar circunscrita únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientada a promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos.
La función de la seguridad pública supone un verdadero resguardo de los derechos como premisa indispensable de su pleno ejercicio y no se predica como el resultado de acciones específicas, sino como el componente final de un proceso colectivo que se conforma con una multiplicidad de acciones.
La seguridad pública implica el sentimiento de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de confiabilidad en las instituciones y en sus responsables, entre otros aspectos.
Es por ello, que una parte fundamental para lograr este estado de bienestar general a través de las instituciones encargadas de mantener y procurar la seguridad pública en el país es a través de la mejora continua de las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los elementos pertenecientes a las diversas instituciones policiales, tanto federales, estatales y municipales.
En México existen alrededor de 331 mil personas que son policías o agentes de tránsito, entre los que se contabilizan a la Policía Federal de Caminos, la Policía Ecológica, los agentes judiciales, los policías preventivos, los custodios y celadores de los centros de reclusión.
Del total anterior, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más de 36 mil pertenecen a la Policía Federal, institución creada en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en el marco del combate en contra del crimen organizado.
Por ello, como legislador federal comprometido no solo con el Estado de derecho, sino también con el mejoramiento continuo de las condiciones en materia de seguridad pública, que implican una labor integral de las condiciones de trabajo y seguridad social con las que cuentan los elementos integrantes de las instituciones policiales, es que tomé la decisión de presentar esta iniciativa que pretende reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y la Ley de la Guardia Nacional para incorporar un sistema de pensiones mínimas que deben cubrirse a los integrantes de dichas instituciones y garantizar un mejor desempeño de su labor policial, además de que para determinar el monto de las cuotas y aportaciones, así como los montos de las pensiones se tomará en cuenta no solo el sueldo base conforme al Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios de la Secretaría de Hacienda, sino también la compensación por jerarquía que en dicho catálogo se establezca para cada puesto logrando así una protección más amplia para los elementos policiales y sus familias.
Senador de la República.
Twitter: @TMartinDelCampo
