El 1º de octubre de 2021, el Ejecutivo Federal, presentó a la Cámara de Diputados, una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene 9 artículos Transitorios. Esta propuesta es de alto impacto con relación al actual modelo energético, en específico, al sector eléctrico y tiene también implicaciones también en el sector de los hidrocarburos.
Con ella, el Presidente del país pretende crear un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado monopolice la conducción del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la CFE, que se convertirá en organismo descentralizado del Estado, además de establecer a la energía y al litio como mineral estratégico, lo cual, hace que sea el gobierno quien posea total dominio sobre él.
La respuesta por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no se hizo esperar, ya que se trata de propuesta que impactará negativamente en la calidad del servicio y en la economía de los mexicanos, por ello, quienes integramos esta bancada no podemos permitir que una decisión tan importante sea tomada al vapor y sin consultar a los especialistas en la materia.
Vivimos en una comunidad internacional que avanza hacia la producción de energía con métodos más sustentables, contrario a esta reforma que es una embestida frontal y retrógrada contra los esfuerzos que se han hecho a nivel mundial para luchar por la sustentabilidad.
Esta iniciativa puede generar efectos muy negativos en el medio ambiente, dejando de lado las energías limpias que cada vez se adoptan con mejores resultados en países altamente desarrollados como China, Estados Unidos, Alemania y Brasil, que además de ahorrar costos contribuyen a disminuir el efecto invernadero y el cambio climático.
Por otra parte, esta reforma implicaría un importante incremento en el costo de producción de la electricidad, al monopolizar la conducción del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la CFE se verá afectada la competitividad del sector, y por ende la producción de electricidad será más cara.
Decimos “NO” al tarifazo porque se estima que el incrementó en el costo de producción sería del 23.6%; cantidad que los ciudadanos terminaríamos pagando a través de nuestros impuestos y desde luego, en el alza de los productos y servicios que, desde luego, también se verían afectados.
Afortunadamente nuestra preocupación hizo eco en otras bancadas y al no contar con los votos necesarios, se tomó la decisión de bajar a Comisiones la iniciativa, lo cual abre la posibilidad de debatir lo suficientemente el tema, escuchar a los especialistas en la materia, y en su momento, tomar una decisión que realmente beneficie a México.
En este momento el mayor reto para los Legisladores es definir el modelo de energía eléctrica que habremos de seguir como país, para lo cual es necesario realizar un ejercicio de parlamento abierto que propicie un sector eléctrico eficiente y competitivo.
Este tema no debe politizarse, al contrario, debe analizarse a fondo y con gran objetividad porque nuestro país y nuestra gente, merece un sector eléctrico eficiente, competitivo y que promueva las energías limpias y que tenga un precio justo para los consumidores.
