A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer es imprescindible poner sobre la mesa temas que poco se comentan pero que constituyen una clara violación de los derechos de las mexicanas.
En nuestra Constitución, el Artículo 4º destaca la importancia de prevenir y atender aquellas circunstancias que ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres embarazadas, con el fin de garantizar, entre otros, sus derechos reproductivos.
Bajo este contexto, es importante comentar que hasta hace unos años se venía observando una clara tendencia a la baja de la mortalidad materna medida a través del indicador denominado Razón de Mortalidad Materna (RMM).
Durante 16 años se observó una reducción de la mortalidad materna de 39.2% que en promedio representa una disminución del 2.5% anual, con lo cual, México se encontraba en sintonía con sus obligaciones jurídicas y aquellas derivadas compromisos internacionales.
Esta tendencia a la baja también se confirmó para el año 2019, primer año de la Administración actual, al registrarse una RMM de 34.2 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, en el año 2020 el escenario cambia dramáticamente al incrementarse el número de muertes maternas y registrarse una RMM de 42.5 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, lo que representa un incremente del 24% respecto al año anterior explicado por la llegada de la pandemia de Covid-19.
Además de los contagios directos por el virus de SARS-COV-2, las autoridades sanitarias señalan que el incremento en las muertes maternas se explica por factores derivados de la estrategia implementada por el Gobierno Federal frente a la pandemia como el confinamiento y al hecho de que las mujeres embarazadas dejaron de ir a las unidades de medicina familiar por temor a contagiarse.
Sin embargo, esta situación ha venido empeorando durante el año 2021. A pesar de que a partir del mes de mayo las mujeres embarazadas comenzaron a recibir la vacuna Covid-19 y las unidades de medicina familiar comenzaron a retomar su actividad cotidiana, en la segunda semana de octubre de 2021 la razón de mortalidad materna calculada es de 58.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un crecimiento del indicador de 36.7% respecto al mismo corte del año pasado.
De acuerdo a la Secretaría de Salud, el 48% de las defunciones maternas acumuladas a la semana 42 del presente año, fueron causadas por Covid-19, desplazando a otras complicaciones que anteriormente se ubicaban como las principales causas. El 77% de los fallecimientos maternos fueron registrados por instituciones públicas de salud.
En suma, las muertes maternas se han incrementado dramáticamente en nuestro país porque no se han tomado las medidas sanitarias suficientes para asegurar el derecho a la salud de las mujeres embarazadas sobre todo en un escenarios de gran vulnerabilidad para ellas como está siendo la pandemia.
En este contexto las acciones y omisiones de las autoridades sanitarias, además de vulnerar los derechos esenciales de las embarazadas tienen profundas consecuencias negativas en el desarrollo de las familias y de los menores de edad que quedan en situación de orfandad.
Por tal motivo, es imperante que la presente Administración y en particular la Secretaría de Salud promuevan las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la protección de su salud y abatir el incremento de la mortalidad materna.
Desde la trinchera que nos corresponda, debemos promover las medidas que permitan a las mujeres un acceso oportuno y efectivo a los servicios e información que requieren para proteger su salud y su vida.
