En un país con profundas desigualdades como México, la educación superior es uno de los instrumentos más eficaces para detonar las oportunidades de desarrollo de una sociedad, y de las personas en lo individual.
Un mundo globalizado nos exige transformar la manera como se genera y transmite el conocimiento, así como el incorporar a la economía el desarrollo de las nuevas tecnologías. Las instituciones de educación superior juegan un papel central en este proceso.
En ese contexto, nuestro país requiere evolucionar hacia un sistema de educación superior de calidad, que sea un pilar en la formación del capital humano que requiere la nueva economía mundial, al tiempo que ofrezca a los jóvenes en lo individual la posibilidad de cambiar sus trayectorias de vida.
Fomentar la formación integral y generar más oportunidades de desarrollo para los jóvenes debe ser una prioridad. Es por ello como alcaldesa de Aguascalientes siempre apoyé los programas enfocados a fortalecer su educación y que les permitan acceder a más opciones laborales.
En la actualidad México ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a la población adulta con educación superior: de acuerdo al último censo del INEGI, sólo el 23% de los mexicanos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores (licenciatura o posgrado).
Lamentablemente, la educación superior y el posgrado no representan una prioridad para el Gobierno Federal, que parecer estar más enfocado en construir obras faraónicas. Así quedó de manifiesto con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, que asigna 154 mil millones de pesos a la educación superior, es decir, apenas un 0.6% más que lo aprobado para este año. Desde luego, este incremento no es suficiente para compensar los recortes presupuestales de los últimos años.
Por su parte, el subsidio ordinario para las universidades públicas estatales, que concentran el 40% de la matrícula pública naciones, es de poco más de 67 mil millones de pesos, cantidad apenas superior en 0.05% a lo asignado 2021. La única política de educación superior impulsada por el Gobierno Federal en este sexenio son las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, un proyecto caracterizado por su opacidad y falta de resultados que enfrentan fuertes problemas con su propia comunidad académica, como es el caso de la sede que tienen en Calvillo. Se trata de una fallida política que, de acuerdo a varios expertos en el tema, dista mucho de ofrecer una educación superior de calidad a los estudiantes más vulnerables.
Si queremos una educación superior que esté a la altura de la competencia internacional, es indispensable pensar en renovar el sistema de educación superior y mejorar la calidad de las instituciones existentes, y para eso es necesario que el Gobierno otorgue mayores recursos a las instituciones públicas de educación superior que ya existe, y que ofrezca mejores incentivos y más facilidades para las universidades privadas.
El panorama resulta complejo, sobre todo si consideramos los estragos que ha dejado la pandemia; sin embargo, es tiempo de hacer equipo con las instituciones, de buscar las alternativas y generar políticas públicas que permitan a nuestros jóvenes continuar su formación académica para dotarles de nuevas herramientas que les permitan enfrentar los nuevos desafíos. Si logramos establecer canales de información que vinculen estrechamente a la comunidad estudiantil con las instituciones gubernamentales y consolidar un proyecto político con rostro humano lograremos también desarrollar nuevos talentos que contribuyan en la construcción del Aguascalientes y del México que anhelamos.
