/ lunes 13 de diciembre de 2021

Oposición responsable

Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el entonces partido en el poder dominaba todos los espacios de los Congresos Estatales, la vida parlamentaria local era, en la práctica, irrelevante. Fue hasta la creación de la figura de los Diputados de Partido en el año 1974, y la de los Diputados de Representación Proporcional en 1977, cuando comenzó propiamente la pluralidad política en las Congresos de los Estados.

Afortunadamente para la democracia se ha ido fortaleciendo y en las últimas décadas, a través del proceso gradual de competitividad electoral y pluralidad que se dio en nuestro país, se había venido fortaleciendo la presencia de distintas fuerzas políticas en los congresos locales. Así, mientras en 1974, el 100% de los diputados locales del país pertenecían al PRI; a finales de la década de 1990 el porcentaje del entonces partido hegemónico cayó al 50%; y a inicios de la siguiente década, particularmente en el año 2002, el PRI tenía el 46% de las diputaciones, el PAN el 28% y el PRD el 17%.

Esta diversificación plural se tradujo no sólo en una mayor autonomía de los Congresos Locales, sino también en mayores capacidades de las legislaturas para ejercer su función de contrapeso en torno a las decisiones y fiscalización de los Poderes Ejecutivos en los estados.

Sin embargo, después de 2018 nuestro país parece vivir una regresión autoritaria. Con el arribo de Morena a la Presidencia de la República, la hegemonía se vuelve a hacer presente, pero ahora bajo un signo político distinto: actualmente, a nivel nacional existen mil 113 Diputados que integran los Congresos locales de las 32 entidades federativas. De estos, 37% pertenecen a Morena, 19% al PAN, 17% al PRI, 6% al Partido del Trabajo, 6% a partidos locales, y el 15% restante se divide entre los demás partidos nacionales.

En este sentido es preciso preguntarnos ¿qué papel corresponde a los diputados locales de oposición en este momento histórico donde el autoritarismo amenaza nuevamente a nuestro país? Es claro que, además de seguir impulsando los temas humanistas en la agenda legislativa local, los diputados locales deben fortalecer la función de vigilancia y contrapeso político frente a los Ejecutivos Estatales de otros partidos.

Asimismo, en la coyuntura actual de crisis económica por la pandemia, tanto los Diputados Federales como los Diputados Locales tenemos que hacer sinergia para impulsar políticas orientadas a la atracción de inversión en los estados y en los municipios, para reactivar rápidamente la economía y la generación de empleo.

Además de la responsabilidad de legislar, los Diputados Federales y Locales tenemos el compromiso de ser un vínculo directo entre la autoridad y la ciudadanía, siendo gestores y promotores de una mejor calidad de vida para la población.

Finalmente, y al igual que en el Congreso de la Unión, los diputados locales deben mantenerse como el muro donde se estrellen todas aquellas iniciativas de reforma constitucional que atenten contra el desarrollo económico de México y nuestra democracia, como la Reforma Eléctrica, y la anunciada iniciativa contra el INE.

Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el entonces partido en el poder dominaba todos los espacios de los Congresos Estatales, la vida parlamentaria local era, en la práctica, irrelevante. Fue hasta la creación de la figura de los Diputados de Partido en el año 1974, y la de los Diputados de Representación Proporcional en 1977, cuando comenzó propiamente la pluralidad política en las Congresos de los Estados.

Afortunadamente para la democracia se ha ido fortaleciendo y en las últimas décadas, a través del proceso gradual de competitividad electoral y pluralidad que se dio en nuestro país, se había venido fortaleciendo la presencia de distintas fuerzas políticas en los congresos locales. Así, mientras en 1974, el 100% de los diputados locales del país pertenecían al PRI; a finales de la década de 1990 el porcentaje del entonces partido hegemónico cayó al 50%; y a inicios de la siguiente década, particularmente en el año 2002, el PRI tenía el 46% de las diputaciones, el PAN el 28% y el PRD el 17%.

Esta diversificación plural se tradujo no sólo en una mayor autonomía de los Congresos Locales, sino también en mayores capacidades de las legislaturas para ejercer su función de contrapeso en torno a las decisiones y fiscalización de los Poderes Ejecutivos en los estados.

Sin embargo, después de 2018 nuestro país parece vivir una regresión autoritaria. Con el arribo de Morena a la Presidencia de la República, la hegemonía se vuelve a hacer presente, pero ahora bajo un signo político distinto: actualmente, a nivel nacional existen mil 113 Diputados que integran los Congresos locales de las 32 entidades federativas. De estos, 37% pertenecen a Morena, 19% al PAN, 17% al PRI, 6% al Partido del Trabajo, 6% a partidos locales, y el 15% restante se divide entre los demás partidos nacionales.

En este sentido es preciso preguntarnos ¿qué papel corresponde a los diputados locales de oposición en este momento histórico donde el autoritarismo amenaza nuevamente a nuestro país? Es claro que, además de seguir impulsando los temas humanistas en la agenda legislativa local, los diputados locales deben fortalecer la función de vigilancia y contrapeso político frente a los Ejecutivos Estatales de otros partidos.

Asimismo, en la coyuntura actual de crisis económica por la pandemia, tanto los Diputados Federales como los Diputados Locales tenemos que hacer sinergia para impulsar políticas orientadas a la atracción de inversión en los estados y en los municipios, para reactivar rápidamente la economía y la generación de empleo.

Además de la responsabilidad de legislar, los Diputados Federales y Locales tenemos el compromiso de ser un vínculo directo entre la autoridad y la ciudadanía, siendo gestores y promotores de una mejor calidad de vida para la población.

Finalmente, y al igual que en el Congreso de la Unión, los diputados locales deben mantenerse como el muro donde se estrellen todas aquellas iniciativas de reforma constitucional que atenten contra el desarrollo económico de México y nuestra democracia, como la Reforma Eléctrica, y la anunciada iniciativa contra el INE.

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