De acuerdo con un estudio realizado por la OCDE en 2015, intitulado Economic Survey of México, una de las principales barreras para el crecimiento de la economía de nuestro país ha sido la falta de competencia de diferentes sectores. Este mismo estudio reveló que lo anterior ha tenido un impacto negativo en el bolsillo de las familias mexicanas, quienes gastan cotidianamente hasta 40% más de lo que gastarían en mercados abiertos a la competencia.
Lo anterior se puede comprobar en el terreno de la telefonía móvil. La llegada de competidores al sector no sólo abarató los costos, sino que permitió a los usuarios gozar de mayores derechos como consumidores y de tener la libertad de elegir entre unos y otros, de acuerdo a sus gustos y necesidades. Todo ello fue posible gracias a la reforma en telecomunicaciones que se aprobó en 2013 y que permitió, entre otras cosas, la mejora de los servicios como el Internet de Banda Ancha.
En el caso del sector energético paso algo similar. La apertura de éste a la inversión privada, como ya lo he señalado en otras ocasiones, fue el paso hacia la modernización y la mejora general de las distintas áreas que lo componen. La producción, comercialización y distribución de la energía eléctrica fue una de ellas. Lo mismo la exploración en Aguas Profundas, a las que Pemex simplemente no tenía capacidad de llegar.
Tan solo al 2018, las inversiones por proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de nuevas centrales de energías limpias, acumulaba 200 mil millones de dólares. A partir de ello, por ejemplo, fue posible la construcción de las centrales eléctricas Pachamama en El Llano, a cargo de la empresa Neon International y Horus AG de Canadian Solar en Pabellón de Arteaga; ambas piezas clave para aumentar la capacidad solar instalada en Aguascalientes.
Sin embargo, la iniciativa de Reforma Eléctrica que ha propuesto la administración federal en este año, representa todo lo contrario. Los expertos estiman que regresar a un monopolio en la producción, comercialización y distribución de la energía eléctrica tendrá un efecto negativo y ahuyentará las inversiones. De hecho, la International Chamber of Commerce Mexico calcula que la aprobación de la reforma tendrá un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares en las inversiones privadas.
La incertidumbre que ha provocado la iniciativa, de acuerdo con la cámara de comercio Internacional, ha provocado que los proyectos de inversión se vayan hacia otras regiones del continente. El otro efecto negativo son las indemnizaciones que el gobierno mexicano tendrá que pagar, de aprobarse la reforma, a todas aquellas empresas que resulten afectadas por la cancelación de obras y proyectos en curso. La Coparmex y Citibanamex prevén que tan sólo por este concepto el gobierno tendría que desembolsar al menos 85 mil millones de dólares, lo que representaría un severo golpe a las finanzas públicas.
Por si esto fuera poco, el espíritu de la iniciativa que reforma a la CFE es completamente regresivo en materia ambiental, pues pondrá un freno al crecimiento de las energías limpias en el país. Se acabarán las subastas eléctricas y los Certificados de Energías Limpias (CELs), que fueron implementados tras la reforma energética de 2013 y que permitieron reducir los costos de producción de energía.
Por ello, lo más seguro es que al no haber competencia, ni órganos reguladores, ni reglas en el sector y que únicamente sea la CFE la que lleve mano en materia de energía eléctrica, los costos se incrementen notablemente y las inversiones terminen por desplomarse. La competencia importa e importa mucho, pues gracias a ésta los jugadores de un sector se ven obligados a ofrecer mejores servicios, mejores precios y en general, mejores condiciones de mercado.
