Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ha girado órdenes de aprehensión contra 31 científicos, a quienes la actual Directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, acusa de diferentes delitos. La persecución en el fondo tiene tintes políticos y nos obliga a pensar en qué país nos estamos convirtiendo.
Por un lado, la directora de este organismo, quien ha contaminado su posición con distintos complejos ideológicos, ha presionado desde su llegada a todos quienes obtienen una beca de ese organismo para estudiar en el extranjero. La “ciencia neoliberal” y “fifi”, como ellos le llaman, ya no tiene lugar en un país con tantas necesidades, es el argumento.
A partir de esta posición, el gobierno de la 4T ha recortado hasta un 56% los apoyos del Conacyt para proyectos de investigación fuera de México. El presidente incluso ha reconocido públicamente su molestia por los mexicanos que estudian fuera del país. ¿Se acuerdan ustedes de la comparación que hizo con la novela “El Padrino” de Mario Puzo?. “Los mexicanos que estudian en el extranjero son los que más daño le han hecho al país”, decía.
A este prejuicio se suma lo que parece ser una venganza por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien durante 11 años le fue negado el acceso al Sistema Nacional de Investigadores por no cumplir con la producción científica requerida. Pero curiosamente fue en este sexenio que se le dio el acceso de la noche a la mañana, bajo el cobijo de Álvarez-Buylla y de López Obrador.
Así pues, este caso que ha llegado hasta la Suprema Corte, pone en evidencia el profundo autoritarismo y el modus operandi del gobierno de la 4T, que no tiene el menor empacho en usar las instituciones de procuración de justicia para perseguir a quienes piensan distinto.
Desafortunadamente, el régimen de López Obrador comienza a evocar a las dictaduras más rancias de Latinoamérica. Mientras el país atraviesa la peor crisis de violencia en su historia, el gobierno mexicano despilfarra recursos en este tipo de casos y concentra sus energías en castigar a quienes se atreven a criticar a la mal llamada Cuarta Transformación.
Oficialmente estamos por alcanzar los 100 mil homicidios dolosos en 34 meses de gobierno. A este paso, el presidente López Obrador rebasó por mucho a sus antecesores, en muertos y en impunidad. Lo anterior también pone en evidencia la crisis de ingobernabilidad que vive nuestro país y la incapacidad del gobierno federal de Morena para atajar las causas estructurales que nos han llevado a este terrible escenario.
La persecución de los científicos del Conacyt no es cosa menor. La violación sistemática de los derechos de las personas, por parte del gobierno, atenta contra el espíritu de nuestra Constitución y contra el Estado de Derecho que debe prevalecer por encima de cualquier cosa. El gobierno de la 4T pasará a la historia con sus aciertos y sus errores; pero nuestras leyes y nuestra Carta Magna seguirán ahí resguardando nuestras libertades.
No debemos permitir que las instituciones se usen de esa forma y que la justicia en nuestro país se haga a conveniencia. Mientras el gobierno de López Obrador va por los científicos mexicanos, hay delincuentes confesos que gozan del buen trato y la libertad que les ha dado esta administración. Hoy son los científicos, pero el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros.
Así se comportan los autoritarios, que no se nos olvide.
