El académico, investigador y politólogo Mauricio Merino advertía en su obra “la transición votada” en una primera edición a inicios del siglo XXI, justo a tres años del primer intento por democratizar el país.
Aquel año 2000 después 70 años de ser gobernado el país por el partido hegemónico PRI desde 1929, los mexicanos decidieron otorgar el beneficio en las urnas a un partido diferente, al Partido Acción Nacional. A partir de esa voluntad expresada en las urnas por una mayoría de mexicanos, brillaba la esperanza del inicio por democratizar las instituciones políticas del país.
Si bien es cierto que, la alternancia en el poder se había logrado por el partido de la derecha (PAN), se había generado una alta expectativa de muchos mexicanos con los resultados de la elección del 2000 por el triunfo de un partido distinto al PRI. El reto: democratizar las instituciones y la vida pública del país.
En su obra, Merino plantea como solución a la consolidación democrática, la eficacia de la política; lo que significa “capacidad de las instituciones política para resolver problemas concretos: los que la gente percibe como asuntos de mayor relevancia dentro de la agenda pública.Y si bien estos problemas cambian con el paso del tiempo, lo cierto es que en su mayoría están asociados con la idea de seguridad… No solo de seguridad pública… sino de aquella seguridad entendida como las certezas básicas que el Estado debe de proveer para hacer posible la convivencia pacífica entre los ciudadanos.”
Al cierre de una primera administración 2000-2006 y la subsecuente de 2006- 2012, era evidente que un partido distinto a aquel que gobernó al país por prácticamente siete décadas, había perdido brújula fallando a la nación al no lograr las expectativas de un México con grandes esperanzas de un cambio verdadero.
Si trasladáramos el planteamiento sugerido por el académico, al proceso de consolidación de una transformación iniciada desde 2018, a pocos meses de cumplir cuatro años de intento por una transformación, son de amplia dimensión los logros; empero, persisten dudas y en no pocos casos inquietudes en la esfera administrativa, para resolver problemas concretos que aquejan la vida cotidiana del ciudadano de a pie.
Nos referimos al papel de las instituciones públicas (aquellas que se encuentran inmersas en la administración pública), instituciones indispensables en el proceso de transformación y de gobernabilidad democrática.
Tampoco podemos dejar de lado el sentir de un número considerable de ciudadanas (os), que padecen abandono, en la respuesta de asuntos de su vida cotidiana, llegado incluso a aceptar ciertas cuestiones irregulares como experiencias normalizadas.
Resignados e impotentes ante el abandono del reconocimiento y garantía de la protección de derechos subjetivos públicos que le corresponde garantizar al Estado.
Mauricio sugiere para la gobernabilidad democrática identificar los cambios de proceso más importantes en la definición practica de la gobernabilidad política en tres componentes fundamentales: político, económico y administrativo. Del último se refiere a la práctica de la orientación y eficacia practica de la administración pública (aparato gubernamental encargado del diseño e implementación de las políticas públicas).
En ese contexto, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, han sido insuficientes a la expectativa demandada en la nación.
Recordemos que al inicio de la presente administración, el Congreso de la Unión ya había publicado las primeras reformas a la LOAPF (lo que avizoraba un buen inicio y esperanza de transformación a las instituciones públicas del gobierno federal).
El contenido a las reformas o adiciones al artículo 17 bis y ter, se daba un primer intento, con el que se suprimían facultades a la Secretaría de Gobernación, para transferirlas a la de nueva creación (Secretaría de Bienestar), en lo que a coordinación de las oficinas de representación de dependencias y entidades en los estados se refería. Éstas dejadas a la suerte de las y los delegados que mucho hay que decir.
Es innegable que el diseño e implementación de políticas públicas al sector social mediante programas de desarrollo fue la base para una estructura de gobierno que definía un cambio de régimen.
Para nadie será ajeno decir que en lo que va de la presente administración, se han venido realizando esfuerzos de transformación mediante componentes de lo político y económico; empero, en lo administrativo ha sido inequitativo. El diseño e implementación de políticas públicas, no han estado a la altura de lo que demanda una sociedad abandonada (abandono que tiene su origen en administraciones pasadas).
Si bien es cierto que, las instituciones públicas de la administración pública, no ha dejado de cumplir sus fines por completo debido a la falta de reformas estructurales a la esfera administrativa, también lo es que, quienes las representan están limitados por diversas causas internas o externas para cumplir el fin por la que fueron creadas.
La asignatura pendiente de la 4t… se denomina: reformas estructurales a la administración pública federal.
