Una forma de hacer campaña que han venido utilizado en los procesos electorales, partidos políticos que integran al Frente Amplio por México que lo conforman tres organizaciones de carácter nacionales (PRI PAN-PRD), es la guerra sucia. Cada que se presentan comicios federales y locales, ante la falta de propuestas y el rechazo a sus candidatos por una generalidad de la población, lo que les induce a realizar actos calumniadores por distintos medios promocionales incluso, derrochan cantidades estratosféricas de recursos de incierta procedencia para estructurar e implementar campañas negras.
No se requiere mucha ciencia, para deducir que muchos árbitros (ex presidentes de los institutos electorales), en el pasado actuaron con parcialidad o con doble sentir, simulando ser demócratas e impulsores de sistemas electorales perfectos o cuasi perfectos (basta ver la escena de la movilización impulsadas por personajes del sector económico y político que han evidenciado sus intereses de grupo).
Por supuesto las estrategias fallidas (la guerra sucia)sigue siendo la mejor forma en las contiendas para quienes carecen de propuestas serias, y no han logrado aceptación, ni legitimidad en una cantidad considerable de la población; aunque se trate de prácticas trilladas del pasado, siguen vigentes. Es el modus operandi de un sector que representa a la intolerancia, en todo el sentido de la palabra.
Cito por ejemplo el fenómeno 1988, con el despertar de un pueblo cansado de imposiciones desde la cúpula del poder político, se revelo ante la decisión errónea del presidente departido político nacional (PRI), Mariano Palacios Alcocer relatando aparentemente en representación a su partido “no quiso postular, en una etapa de alta competencia electoral, a quien pudiera resultar vulnerable a críticas, a señalamientos políticos-electorales, por vínculos con un mundo de actividades turbias” evidentemente su comentario se refería a vínculos de un fuerte aspirante a gobernar zacatecas, con narcotraficantes que operaban en esa localidad; se trataba de una infamia, una injusticia, una canallada véase la INFAMIA, Ricardo Monreal Ávila, editorial MAporrúa, 2020).
De acuerdo con el calendario del proceso electoral 2023-2024, el próximo viernes iniciará el periodo de campañas electorales para el cambio o renovación de dos poderes, para ratificar la consolidación de la transformación iniciada en el 2018, o bien, regresar a un régimen que protege intereses de una minorías del poder económico y político rebasado por las decisiones que representan los intereses del grueso de la población de nuestro país (ejecutivo federal y congreso de la unión; además, comicios para renovar gobiernos locales que representan más del sesenta por ciento de la población nacional).
No se debe olvidar que el régimen político del pasado reciente, implemento el modelo económico neoliberal que ha resultó con grandes daños colaterales a la población más vulnerable, basta voltear a ver las amplias brechas en temas nacionales como: pobreza y pobreza extrema, injusticia social, desregulación, corrupción, violencia, inseguridad, crimen organizado, deficiencia en servicios educativos y de salud, inequidad en la repartición de la riqueza, la desproporción en las contribuciones al estado, entre otros muchos que sobrevinieron al neoliberalismo.
Serán común denominador de los opositores populistas, como ya lo hemos advertido, en días pasados, guerra sucia, descalificación, la retórica de mentiras, la difamación; es en lo único que si se han especializado ese grupo de conservadores. Como olvidar las contiendas del 2006 y 2012.
Las reglas no han sido claras, ni respetadas; por otra parte, la laxitud de un árbitro electoral manipulado por el poder económico (para muestra de un botón: veamos el papel que actualmente juegan quienes han presidido en las pasadas elecciones como máximas autoridades de ¡la institución).
La (mal llamada) marcha ciudadana impulsada y/o movilizada principalmente por actores políticos de los tres partidos políticos del frente opositor Frente Amplio por México, en comparsa de expresidentes de la institución electoral, deja al descubierto a que intereses “democratizadores” obedece su participación para manifestarse contra la reforma en materia electoral, impulsadas por ejecutivo federal. Evidentemente, esa “clase política”, no de la ciudadanía, obedecen a los dictados por una elite del sector económico.
Por ello y más razones no sorprende la guerra sucia orquestada la semana recién concluida, con el golpe mediático contra el presidente de la república AMLO, acusándolo de narcotraficante, incluidos colaboradores y su familia.
Al tiempo, la mayoría de los mexicanos sabrán elegir y, lo harán bien… ¡al tiempo!
