Con el transcurrir del tiempo, al igual que los buenos vinos, las personas solemos ser mejores, porque hubiéramos estado en reposo tiempo alargado, como es el caso de los vinos de calidad; sino la experiencia acumulada; al paso del tiempo, para entonces, las personas adquirimos carácter, sensatez, inteligencia, prudencia, moderación, en la toma de decisiones.
En la recién iniciada anualidad, se presentan retos, oportunidades y esperanzas. Retos, para organizaciones políticas en diferentes entidades donde este 2022 habrá elecciones locales de seis gobiernos en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. El común denominador de las entidades en donde habrá elección para elegir ejecutivo local, es que apenas hace algunos meses, se vivieron elecciones federales, en algunos casos -como el de Aguascalientes-, se llevaron a cabo elecciones concurrentes para renovar el congreso local y ayuntamientos de los municipios de la entidad. Eso deba entenderse como un desgaste o bien como una continuidad en un esfuerzo de ciudadanización, en la participación política de la ciudadanía.
El reto que aún persiste, es contrarrestar el fenómeno del fraude electoral que ha evitado el tránsito en la democratización de las instituciones y la vida política y social a lo largo y ancho de nuestro país. Erradicar prácticas que transgreden o evitan la evolución en el perfeccionamiento de los procesos electorales que nos conduzcan a un régimen democrático, debe ser nuestro reto. indudablemente está suficientemente documentada la nula voluntad política de algunos actores políticos locales que, se puede advertir desinteresado interés en impulsar la transición política de la vida política y social democrática.
La literatura que ha venido acumulando y registrando experiencias de todos y cada uno de los procesos electorales en nuestro sistema político (indistintamente en los procesos electorales federales o estatales), nos da cuenta de la forma en que se han perfeccionado, especializado y ampliado modalidades de fraude electoral a través de nuevas prácticas ilegales (delitos electorales o irregularidades en los procesos), por citar algunos: fraude cibernético electoral, manipulación de la psicología social, excesos en gasto de campaña y de precampaña y rebase a los topes de aportación o gastos previstos en la ley, presencia de financiamiento privado ilegal, desvío de recursos presupuestales con fines electorales, compra y coacción del voto (en diferente forma), propaganda encubierta en medios de comunicación electrónica y en internet, empleo de encuestas como propaganda electoral, autoridades electorales directa o indirectamente impuestas por cuotas de partidos o autoridades públicas locales, entre otros que, por supuesto, dichos aquellos, no se circunscriben a los delitos tradicionales y muy conocidos en el pasado como: operación tamal, ratón loco, taco electoral, robo de urnas, quema de urnas, urnas embarazadas, alteración de actas y documentación electoral, que vulneran los principios de autenticidad y libertad del sufragio previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de las entidades federativas y las leyes que en la materia de ellas derivan.
Están presentes las oportunidades en las organizaciones políticas (partidos políticos) que han logrado mantenerse genuinamente en el marco de su declaración de principios, estatutos o cualquier otra regulación que prevé la vida orgánica y los esquemas de impulsar la democratización de las instituciones públicas e interés de transitar hacia la transformación social, para lograr mayor justicia social a los sectores más vulnerables, el 2022 representa esa coyuntura de convencer al electorado de elegir oportunamente una opción alternativa para democratizar la vida política y social del país.
Ante el inicio de una nueva etapa, de un ciclo anual, surge nuevamente la esperanza de renovar, de reorientar, de reinventar el ejercicio de una formulación en la implementación de políticas públicas inducidas, para generar mejores estadios de bienestar y desarrollo social. La esperanza es y se dice, de justicia social para sectores excluidos en el modelo neoliberal. La esperanza significa, cambio social de una perspectiva, de un cambio en la cúpula política en la entidad. Esperanza, para la continuidad de una transición en el proceso de transformación política del país, en particular de las entidades donde habrá proceso electoral para renovar el poder público (poder ejecutivo).
La esperanza, de pugnar por “el gobierno del pueblo, por el pueblo, (y) para el pueblo”, implica establecerse retos y, significa ponderar las coyunturas como grandes oportunidades.
