“No puede haber gobierno rico y pueblo pobre” es una frase recurrentemente citada en el lenguaje publico especialmente en el sector político la administración actual. Para muchos, ha significado solo una frase demasiada trillada o cargadas de demagogia.
Se trata de un planteamiento atribuible al presidente Benito Juárez García, data del siglo antepasado (1857-1861), su contenido, irrealizable.
No son, sino opiniones planteadas en la jerga política que, por ahora han permeado en el imaginario de los incondicionales de quien lo enuncie.
Paradójicamente, gobierno rico y pueblo pobre, es una realidad inevitable desde que tuvo su origen.
Inconscientemente no dejamos de repetir la idea, como si de una verdad se tratara.
La reflexión que en esta ocasión nos motiva, tiene que ver con las remuneraciones de servidores públicos (altos funcionarios) de la administración publica en sus tres niveles de gobierno, incluido la CDMEX y los organismos autónomos.
La CPEUM, omite señalar expresamente el control en remuneraciones para los poderes legislativo y judicial.
El constituyente no fue, como tampoco ha sido claro a la fecha, de establecer en el mandato constitucional para que funcionarios de otros órganos del estado, se obligaran a que ninguno de sus integrantes recibiera remuneraciones mayores a las del Presidente de la República.
En todo caso la constitución, si refiere a los órganos legislativos (federal y estatal), de forma\u0009enumerativa expedir leyes para su observación.
Habrá de resaltar el incumplimiento del poder judicial (ministros de la SCJN) de no percibir remuneraciones más que el presidente de la república.
Efectivamente el artículo 127 de la CPEUM, no prevé deber expreso para qué quienes integran el poder legislativo y Judicial, deban percibir remuneraciones menores al titular del poder ejecutivo federal.
En todo caso, sí se prevé que “cualquier otro ente público” no podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la república. Es decir, existe una aceptación tácita constitucional de que los poderes Judicial y legislativo son “entes públicos”.
Finalmente, en la praxis el criterio no se actualiza, basta ver las percepciones de un ministro de la suprema Corte de Justicia de la Nación, por decir un ejemplo.
Durante varias décadas modus vivendi de los servidores públicos de los diferentes órganos del estado (titulares e integrantes, así como los servidores públicos de primero, segundo y tercer nivel de las estructuras de las administraciones publica, incluido los funcionarios de los organismos autónomos), se ha caracterizado por vivir fuera de la justa medianía; en todo caso hallarse en la opulencia, excesos, derroche, dispendio, arrogancia.
Se han caracterizado por haber cruzado la línea de clasemedieros a clase alta.
Para muestra un botón. Véanse las producciones cinematográficas del cineasta Luis Estrada, en las que nos invita con sentido agudo y crítico, el comportamiento de servidores públicos, aunque con un sentido humorístico con enfoque de parodia, no debería dejar de preocuparnos.
El productor Estrada, da cuenta en una especie de espejo frente a nuestra realidad, evidenciando las formas que no son tan ajenas a la praxis, en las que se retuerce ejercicio del poder público y privado.
Sirve de referencia Ley de Herodes (con alusión a los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León); el infierno, (critica al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa), la dictadura perfecta (Enrique Peña Nieto) y; ¡que viva México! (aludiendo a ciertas formas propias del pasado y presente en el quehacer público.
Prácticas que, por cierto, no se han podido desarraigar completamente en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador).
En dichos largometrajes, se advierten el mal cancerígeno de la función pública. Innegable es que, dichas producciones de la industria cinematográfica retratan una realidad, en los que, protagonistas de la vida pública y privada (documental-realidad), no tienen límites para delinquir y lo hacen desde o a través las esferas del poder.
Mediante la industria cinematográfica que representa Estrada, nos describe un perfil de ciertos funcionarios de la burocracia dorada.
La justa medianía a la que se refería Benito Juárez García tiene que ver más con los servidores públicos de altos rangos (Burocracia dorada)
El binomio acuñado por Juárez, la “justa medianía”, mismo que López Obrador cita a menudo, significa “la resignación a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. PABLO MAJLUF.
Se ha asociado la frase de la “justa medianía” a la burocracia (servidores públicos) prevista en la constitución, no necesariamente se trata de evitar excesos o mecanismo para frenar actos de corrupción o evitar un “gobierno rico”, sino a que las remuneraciones debieran ser un medio de vivir honrosamente y no el de amasar grandes fortunas en corto tiempo; riquezas, que resultan injustificables frente a las percepciones que legalmente corresponden a la función, empleo, cargo o comisión.
Tiene sentido lógico ético y jurídico, el abuso de influencia en el ejercicio del deber público, las consecuencias negativas derivadas son en detrimento comunitario.
La apatía como la ignorancia nos condena a vivir en un estado de fantasía; con escasa, por no decir nula visión critica constructiva.
