El pasado 30 de enero se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 y, por cuarto año consecutivo, México obtuvo la misma nota: 31 puntos de 100 posibles. De 180 países evaluados por Transparencia Internacional, México se encuentra estancado en el lugar 126, por debajo de países como Perú, Trinidad y Tobago, Serbia o Sierra Leona.
Este estudio nos muestra, una vez más, que necesitamos mayores esfuerzos para combatir esta problemática que nos afecta a todas y todos. Específicamente, Transparencia Mexicana da unas recomendaciones para nuestro país, con las cuales coincido y que deben ser atendidas, principalmente por el contexto electoral que estamos atravesando.
Necesitamos fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual es un mecanismo de coordinación formado por diversas instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción, como son la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) y el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como Transparencia Internacional lo indica, la percepción social de la corrupción se modifica cuando se presentan sentencias definitivas para los grandes escándalos de corrupción (casos como la Estafa Maestra, Agronitrogenados y Segalmex siguen abiertos y sin sanciones firmes); además de implementar una verdadera reparación de daño, que consiste en la recuperación de activos y la identificación de las víctimas de la corrupción.
Asimismo, es urgente garantizar la protección de las personas que investigan casos de corrupción, en específico periodistas y activistas que trabajan en el territorio para revelar redes de criminalidad donde conviven actores políticos, económicos y criminales con altos grados de poder discrecional. Lo anterior también implica fortalecer la independencia de las fiscalías.
Transparencia Internacional construye este Índice desde 2012, mismo que refleja la percepción de la corrupción en el sector público de cada país, basándose en perspectivas de personas expertas en Estado de derecho y también en voces del sector empresarial (no la sociedad en general). De igual forma, el IPC se forma a partir de datos producidos por el Banco Mundial, el Foro Económico Global, así como diversas empresas de consultoría política de cada Estado.
En el Índice de 2023, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda son los países mejor evaluados, mientras que Siria, Venezuela y Somalia aparecen al final de la lista. Cabe mencionar que el panorama general no es positivo, pues solo 28 de 180 países han mejorado su calificación de 2012 a la fecha. El fortalecimiento de regímenes autoritarios en distintas regiones no ha contribuido al respecto; sin embargo, las democracias tampoco han sabido garantizar la protección de los sistemas de equilibrios entre poderes ni mejorar la procuración de justicia, lo cual posibilita la impunidad.
En México y en el mundo el diagnóstico está claro; faltan el trabajo y los resultados.
@JulietDelrio
