Debido a la urgente necesidad de romper estereotipos de exclusión, invisibilización, desigualdad, abandono y discriminación de las que son víctimas las personas privadas de la libertad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, en el que Aguascalientes no rebasó el ocho de calificación.
Según datos del Sistema Informático del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, el Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes, cuya capacidad es de mil 123 presos, tiene una población de mil 061 personas, y obtuvo una calificación de 7.39; respecto al Centro de Reinserción Social para Mujeres de Aguascalientes, donde al momento del diagnóstico se tenía una población de 110, recibió una calificación de 7.76; finalmente, el Centro de Reinserción Social Varonil “El Llano”, los 486 hombres privados de su libertad, en dicho sitio, otorgaron una calificación de 7.26.
Cabe señalar que el promedio estatal para los centros penitenciarios de Aguascalientes es de 7.47, según lo comentado por las personas privadas de su libertad, cuya población rebasa los mil 700 reos.
En el centro para varones de Aguascalientes, se determinó que es importante atender las deficientes condiciones de materiales e higiene de la cocina y comedores, además de la falta en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, así como la poca organización sobre la separación de procesados y sentenciados así como de la inexistencia o insuficiencia de actividades deportivas.
Sobre el Cereso Femenil, las autoridades determinaron que es necesario promover actividades deportivas y educativas, además de que exista una separación entre las personas en proceso y las sentenciadas, así como erradicar la deficiencia en atención a mujeres o menores que viven con las personas privadas de su libertad y a adultos mayores.
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Finalmente, en El Llano, se encontraron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, además de la inadecuada clasificación de las personas privadas de su libertad, así como el proceso de vinculación hacia la sociedad, falta de actividades educativas, poca atención a personas con discapacidad e insuficiencia en programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Para concluir, las autoridades realizaron un llamado al estado mexicano a que respeten los derechos de las personas privadas de su libertad y garanticen su acceso a todos aquellos servicios que les permita una vida digna en reclusión y favorezcan su reinserción social, sin corrupción, distinción ni privilegio.
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