Aguascalientes figura entre las nueve entidades del país que menos recursos destina a la procuración de justicia, toda vez que durante el 2019 aplicó 571 millones de pesos, mientras otras entidades aplican mayores presupuestos a ese importante rubro.
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Lo anterior se deriva de los resultados del Décimo Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, dados a conocer por el Inegi.
Se precisa que, durante el año anterior, las procuradurías o fiscalías generales de Justicia ejercieron un presupuesto de 44 400 millones de pesos. Las entidades que destinaron mayores recursos fueron Ciudad de México (15.8%), México (9.8%) y Chihuahua (8.2%).
Los estados que menos recursos ejercen a la procuración de justicia son Aguascalientes con 571 millones de pesos; Tamaulipas con 520; Durango con 511; Yucatán con 476 millones, Campeche con 444, Colima con 428 millones, Baja California sur con 296. Hidalgo con 262 millones y Tlaxcala con 161 millones de pesos.
Caso contrario, las entidades que más dinero destinan son Ciudad de México con 7 mil 032 millones de pesos, estado de México con 4 mil 359 millones, Chihuahua con 3 mil 663 millones; Nuevo León con 2 mil 857 millones; Guanajuato con 2 mil 889 millones de pesos, entre otros.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
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En relación con los aspectos metodológicos del CNPJE 2020, se destaca que la cobertura geográfica es nacional, desglosada por entidad federativa, y la temporalidad de la información corresponde al año 2019. La unidad de análisis son las procuradurías generales de Justicia y/o fiscalías generales de cada entidad federativa. El periodo de levantamiento ocurrió del 3 de febrero de 2020 al 10 de julio del 2020.
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