Acorde a un estudio de Intersecta, 68.7% de las personas privadas de su libertad en Aguascalientes no han recibido una sentencia condenatoria, pues siguen su proceso en prisión; Eloy Morales Brand, catedrático del Departamento de Derecho de la UAA, consideró que aunque el problema no es tan grave en el estado –tiene el cuarto porcentaje más bajo a nivel nacional–, hay puntos a mejorar para reducir este indicador.
Aseguró que en Aguascalientes no se ha abusado de la prisión preventiva, sin embargo, todavía existen procesos abiertos del sistema de justicia anterior, en consecuencia, sí hay personas que llevan años en la cárcel sin haber recibido una sentencia.
Detalló que una menor incidencia en el número de presos sin sentencia en Aguascalientes obedece a que los tribunales de la entidad suelen respetar los términos constitucionales, los cuales establecen un plazo máximo de un año para el desahogo del juicio en oralidad penal.
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Morales Brand subrayó además que los jueces locales han desarrollado criterios más amplios en ese aspecto, pues aunque la legislación establece la prisión preventiva, imponen en la mayoría de los casos un parámetro muy amplio para aplicarla:
No cualquiera regala una prisión preventiva solicitada por el ministerio público aquí en Aguascalientes.
Algunos otros jueces optan por imponer otro tipo de medidas cautelares para que los presuntos culpables enfrenten su proceso en libertad, como dejar una garantía económica, la prohibición de salir del territorio estatal o acudir a firmar cada determinado periodo de tiempo, los cuales evitan que el inculpado vaya en automático a la prisión preventiva.
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Sostuvo que en el sistema de justicia, un área que puede mejorar es la Unidad de Medidas Cautelares, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública y se encarga de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares, la cual debe tener mayor número de personal, principalmente oficiales, para supervisar el cumplimiento de las disposiciones restrictivas impuestas por los jueces.
Finalmente, el catedrático del Departamento de Derecho de la UAA mencionó que las autoridades locales deben valorar el uso del brazalete electrónico, que ya se emplea en otras entidades del país.
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