Legisladores de cuatro fracciones parlamentarias interpusieron, un nuevo proyecto de decreto para modificar la Constitución Política del estado de Aguascalientes a efecto de garantizar que el Estado proteja la vida desde su concepción hasta su muerte natural.
El documento, ingresado a las 09:50 horas de este jueves a la Secretaría General a través del área de Oficialía, está avalado por los diputados de la fracción mayoritaria de Acción Nacional y los partidos Revolucionario Institucional, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.
Se solicita reformar los párrafos tercero y cuarto del Artículo 2 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes, a efecto de otorgar la protección y garantías de sus derechos y las leyes nacionales e internacionales a
todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.
La iniciativa enfatiza que toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y ninguna ley ni autoridad podrá atentar contra la esencia, unidad y dignidad de la naturaleza humana, así como que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En su exposición de motivos, los diputados promoventes consideran que actualmente en México existe una tendencia de pérdida de respeto a la vida d todo ser humano, así como un consentimiento para decidir sobre la vida e integridad personal de los más vulnerables a manos de terceros.
Se advierte que el derecho a la vida se debe respetar a toda persona humana por el hecho de serlo y el Estado debe abstenerse de entablar una conducta que él lugar a la privación arbitraria de la existencia, que implique un daño deliberado o prevenible y se deja en claro que la vida del ser humano debe ser protegida en todas sus etapas, pues hacer diferencia entre ellas, conlleva implícitamente un sesgo de discriminación arbitraria.
La iniciativa, que no se leyó durante la sesión ordinaria de este jueves, no establece medidas de sanción penal o corporal en caso de interrupción del embarazo. Es la segunda vez que se interpone esta propuesta, luego que en diciembre pasado fuera rechazada por el pleno al faltar sólo un voto para lograr la mayoría calificada necesaria.
