El extitular del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, compareció este viernes ante el Juzgado Primero de lo Civil del Estado de Aguascalientes, para desahogar una diligencia en la que fue llamado en su calidad de testigo dentro del expediente 21/2018.
Chávez Rangel arribó minutos antes de las nueve de la mañana y de inmediato ingresó al Juzgado, donde por más de tres horas respondió a los cuestionamientos que le fueron realizados y al término de los cuales solicitó a la Juez Primero de lo Civil retirarse por la zona conocida como “la cloaca”, pasadizo que comunica con una serie de escaleras y de manera interna la parte trasera de cada juzgado con el estacionamiento del Poder Judicial de Aguascalientes.
De acuerdo a lo dado a conocer en improvisada conferencia de prensa por el titular del Poder Judicial de Aguascalientes, Juan Manuel Ponce Sánchez, Chávez Rangel acudió en su calidad de testigo dentro de un juicio que entabló un particular en contra del IEA por el pago de un servicio que prestó a esa dependencia durante el sexenio anterior.
Derivado de este asunto, se ofrecieron una serie de pruebas y dentro de esas pruebas se ofreció como testigo la declaración del extitular del Instituto de Educación, es un asunto dentro del cual un particular está demandando al IEA por el cobro de unos honorarios. No tiene nada que ver con la Universidad de Campeche, es un tema totalmente distinto, es un particular que dice que prestó un servicio para el IEA y que dice que no le pagaron
Por el contrario, fuentes oficiales revelaron que la comparecencia del extitular de educación en la entidad obedeció a una demanda directa en contra de Francisco Chávez Rangel por la contratación, sin licitación ni adjudicación directa, del abogado Martín Paulo Guerra Scot para llevar los casos de los contratos realizados entre el IEA y la Universidad Autónoma del Carmen, en el estado de Campeche y los cuales implicaron la compra de equipo informático por casi 400 millones de pesos.
Las empresas contratadas por la UNACAR incumplieron con los servicios, por lo tanto, el IEA determina demandar a la universidad, para lo cual contrata al abogado en cuestión, quien exige honorarios por 6.7 millones de pesos, más la iguala mensual de 60 mil pesos hasta por 12 meses para ser aplicados a la tramitación y procedimientos de orden penal, civil y extrajudicial en contra de quien o quienes resulten responsables.
Estos pagos no fueron cubiertos en su totalidad por el IEA, lo que motivó la denuncia.
Se revela que durante su comparecencia como ex titular del IEA, Chávez Rangel cayó en contradicciones e inconsistencias, como declarar primero que contrató el despacho por indicaciones de sus “superiores” y luego se retractó al señalar que lo había hecho por su cuenta. Martín Paulo Guerra Scott y Francisco Chávez Rangel fueron compañeros en la carrera de derecho en Nuevo León.
