Una vez que Porfirio Javier Sánchez Mendoza regresó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Aguascalientes, colectivos feministas y asociaciones civiles piden que antes de que concluya el actual sexenio atienda las recomendaciones pendientes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por las violaciones a las garantías individuales de las mujeres que participaron en la manifestación feminista del pasado 8 de marzo de 2021, en donde se registraron detenciones arbitrarias por parte de policías estatales y municipales.
La activista Angélica Contreras, dirigente de la Asociación Cultivando Género, consideró que esta administración estatal concluirá con una importante deuda en cuanto a protección de derechos humanos, principalmente de mujeres y de personas de la comunidad LGBT+, estas últimas víctimas constantes de aprehensiones irregulares y abusos por parte de los cuerpos policiacos.
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En este sentido, hizo un exhorto a la gobernadora electa, Teresa Jiménez Esquivel, para que el perfil que llegue a encabezar la SSPE además de contar con amplia experiencia, garantice que su actuación y la de la totalidad de los elementos se dará en apego a los derechos humanos y con perspectiva de género.
Añadió que las políticas públicas en materia de seguridad no sólo deben enfocarse en el reforzamiento de los operativos en la frontera del estado o en la lucha contra el crimen organizado, sino también en la recomposición del tejido social;
No por nada el INEGI en sus últimas estadísticas muestra que Aguascalientes ocupa los primeros lugares de violencia en todos los sectores: la violencia intrafamiliar, comunitaria, escolar, laboral, eso está diciéndonos algo.
Angélica Contreras, Dirigente de la Asociación Cultivando Género
Cabe mencionar que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las corporaciones policiacas municipal y estatal encabezan la lista de quejas en Aguascalientes, por abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza.
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