Uno de los principales desafíos de nuestro estado para el año que está por comenzar es, sin duda, abatir la impunidad existente, toda vez que Aguascalientes se encuentra en un grado muy alto, con una puntuación de 75.85, lo que lo ubica en el lugar 24 del índice.
De acuerdo a un diagnóstico elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en la cadena impune del estado se puede observar que el número de averiguaciones previas iniciadas fue de 21,646 de 2,970 delitos imputados y/o registrados en las causas penales en primera instancia.
De las cuales sólo se determinaron 21,570. Hubo 7,256 causas penales y sólo 3,452 de ellas fueron sentenciadas, es decir, casi la mitad quedó impune.
En cuanto a los principales hallazgos encontrados en 34 indicadores, el porcentaje de agencias del Ministerio Público (MP) especializadas en delitos graves esde 47.54%, mayor a las existentes a nivel nacional (32.42%). Los agentes asignados al MP por 100 mil habitantes es de 6.21, casi a la par respecto a la medida nacional, que cuenta con 6.27.
Pero los presuntos delitos registrados por 100 mil habitantes en el estado son de 1,681.03, lo que indica que está por arriba de la medida nacional, que es de 1,266.14, de tal forma que sólo 0.13 ha sido sentenciado, mientras que la cifra negra de la entidad es de 92.01.
México presenta una situación de impunidad generalizada en niveles altos. La media nacional de impunidad es de 69.84; el máximo entre las entidades alcanza 80.063, mientras que el mínimo es de 45.068.
Cabe mencionar que la cadena muestra la ineficacia e ineficiencia institucional, que se va acumulando en la cadena de impartición de justicia, donde el total de las carpetas de investigación abiertas según el censo de impartición de justicia estatal, asciende a 1,532,403. De ésas sólo el 3% llega a una sentencia condenatoria en el contexto nacional.
Los indicadores nacionales sobre el estado general de los sistemas de seguridad y justicia que se tomaron como base para los análisis posteriores permiten ver que no sólo continúa existiendo un problema importante en términos de recursos físicos y humanos en el sistema de seguridad y de justicia en nuestro país, sino que hay algunos ámbitos en que se ha empeorado en los últimos años. El número de Ministerios Públicos (MP) por cada 100 mil habitantes pasó de 7.6 a 6.3, y los policías judiciales pasaron de 7.72 por cada 100 mil habitantes a 6.4.
Las cifras también destacan que se mantiene una fuerte carga de trabajo en las instancias de impartición y procuración de justicia, sin que ello implique un crecimiento proporcional del personal que debe atenderlas.
EL DATO:
Casi la mitad de los hechos delictuosos quedan impunes, conforme a las estadísticas
