El 30 de abril, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Padrón Electoral y la Lista Nominal de electores que serán utilizados en las elecciones del próximo 2 de junio, fecha en que la ciudadanía votará por 20 mil 708 cargos de elección popular. Esta aprobación marca el inicio del fin del proceso electoral que comenzó en septiembre de 2023, y demuestra la importancia de contar con un organismo autónomo, técnico y especializado que proteja y garantice el voto libre.
Para dimensionar el trabajo que realiza este Instituto, en 1991 solo 36 millones de mexicanas y mexicanos conformaban la lista nominal; hoy, más de 98 millones podrán ejercer su voto en las 32 entidades federativas y en el extranjero. Como lo expresó la consejera presidenta del INE, este crecimiento no responde solo a cuestiones demográficas, sino a cómo México ha abrazado paulatinamente la democracia como un régimen que controla la forma de acceder al poder político (y equilibrarlo).
Sin duda, los próximos resultados electorales dependen de este Padrón y Lista Nominal; de su calidad, consistencia, certeza y transparencia. Si bien en los últimos meses el INE implementó campañas de actualización de datos personales y de nuevos electores, así como programas de depuración, la seguridad del Padrón y de la Lista Nominal es un tema fundamental para garantizar nuestros derechos.
Mientras que el Padrón Electoral es la base de datos de la población que ha solicitado su credencial para votar, la Lista Nominal contiene nombre y foto de las y los ciudadanos que cuentan con credencial para votar vigente. De hecho, para esta elección existirán cuatro listas nominales distintas: la usada para la población que habita en territorio nacional; la de electores en el extranjero; la de personas en prisión preventiva; y la de voto anticipado (para personas cuyo estado de salud les imposibilita acudir a una casilla).
En los últimos años hemos sido testigos de la vulneración del Padrón. Por ejemplo, en julio de 2021, el propio INE detectó la comercialización del Padrón Electoral a través de foros no registrados en el “mercado negro digital”. Aquella exposición de datos personales se investigó desde abril de 2020 y, en ese momento, analistas especializados en ciberdelincuencia y seguridad informática evidenciaron su comercialización, mencionando que en este existían hasta 91 millones de registros personales.
Ante un análisis, el INE atribuyó dicha negligencia a descuidos o filtraciones directas desde los partidos políticos, quienes antes podían acceder a las bases de datos electorales. De esta forma, en mayo de 2020, el INE interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FISEL).
Por lo anterior, el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se reunieron para abordar el asunto, acordando mantener comunicación permanente y dar acompañamiento en las acciones y procedimientos ejecutables.
Si bien el INAI no tiene competencia respecto al Padrón Electoral, este Instituto sí puede resolver recursos de revisión (quejas ciudadanas) cuando las instituciones públicas (incluido el INE o los partidos políticos) obstruyen los derechos de las personas al acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento y portabilidad de los datos personales.
De igual forma, el interés social por el Padrón Electoral y la Lista Nominal es creciente. En la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran 5,760 solicitudes de información hechas sobre el primer término y 7,184 sobre el segundo.
En palabras del Consejero del INE, Arturo Castillo, tanto Padrón como Lista significan quién puede votar, dónde y por qué cargos. La importancia de manejar estos datos con transparencia y seguridad representa una condición necesaria para que, el próximo 2 de junio y en cualquier otro momento, nuestra democracia funcione de la mejor manera posible.
@JulietDelrio
