Reducir accidentes de vialidad, así como las muertes y discapacidades que estos provocan; diversificar la inversión en materia de movilidad y que no se concentre en los vehículos privados; y reducir el monto de la inversión que las familias de menores ingresos destinan a su transportación, son parte de los objetivos que se buscan con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Las autoridades de movilidad que conforman la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) reiteran su compromiso para efectuar esfuerzos coordinados y hacer posible el derecho a la movilidad en el marco de la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
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La AMAM está conformada por 29 estados (incluyendo Aguascalientes) que han insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad, para lo cual la nueva legislación representa un paso fundamental que permitirá fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar el derecho a la movilidad.
A partir de este momento en que la ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación, se cuentan con 180 días para la armonización de las normativas federales y leyes estatales; en este mismo periodo de tiempo deberá de integrarse el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que se considera primordial para establecer los mecanismos de coordinación institucional y de concurrencia de atribuciones entre los tres niveles de gobiernos.
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En los entornos urbanos, cada hora mueren aproximadamente dos personas en las vías y, cada año, 40 mil personas resultan con algún tipo de discapacidad derivada de un siniestro vial, de las cuáles hasta en el 70% de los casos no vuelven a conseguir empleo.
En México, más de la mitad de la población se mueve a diario en transporte público, mientras que sólo el 15% de los viajes del país se realizan en un auto privado. Sin embargo, el 75% de la inversión en movilidad de los últimos años se ha destinado a infraestructura para el automóvil.
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Además, las familias mexicanas con menores ingresos destinan el 20% de su ingreso al uso del transporte público, seis veces más de lo que destinan a salud y el doble de lo que destinan a vivienda.
La AMAM reconoce que, a pesar de múltiples avances locales en los últimos 15 años hacia mejores sistemas de transporte, los esfuerzos no han sido suficientes y las personas se enfrentan a condiciones de baja calidad, inseguridad, inequidad, desigualdad y un constante deterioro.
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