El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entregó su solicitud de “consulta extraordinaria” al Pleno de ministros para que se pronuncien a la brevedad sobre si es o no constitucional el artículo décimo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prorroga por dos años su periodo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Tal como lo anunció el martes de la semana anterior, Arturo Zaldívar publicó en su cuenta de Twitter el escrito dirigido a sus diez compañeros del máximo tribunal para que, en su calidad de “guardianes de la autonomía” y como máximos intérpretes de la Constitución, fijen una postura a la brevedad posible en torno a cinco preguntas.
El primer planteamiento es qué determinación debe adoptar el Pleno de la SCJN ante la posible inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial.
La segunda cuestión es si el Pleno puede “pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de alguno de sus órganos, fuera de un medio de control constitucional promovido por parte legitimada”.
En tercer lugar, Zaldívar pidió a sus compañeros pronunciarse sobre qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general. “¿Basta la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?”, cuestiona.
La cuarta pregunta es si el contenido del artículo décimo tercero transitorio, bautizado como Ley Zaldívar, es acorde con los artículos 97 y 100 de la Carta Magna.
Finalmente, y de considerarse la norma inconstitucional, cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la norma general de análisis, así como respecto de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
“Para dar respuesta a estos planteamientos y dirimir así la controversia que ha surgido sobre la interpretación y aplicación de los artículos 97 y 100 constitucionales en relación con el artículo décimo tercero transitorio, instruiré la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación”, concluye el documento firmado por Zaldívar.
El ministro presidente reconoció que el polémico artículo de la reforma que amplía su mandato ha provocado una situación de incertidumbre que daña la legitimidad del Poder Judicial Federal.
Tras conocer del escrito, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que será difícil que los ministros de la Corte apoyen la llamada Ley Zaldívar.
“Es muy difícil que lo apoyen, ojalá me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Pero bueno, con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decida”, dijo el primer mandatario en su conferencia matutina del lunes.
El 7 de junio, el Gobierno federal promulgó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye en su artículo décimo tercero transitorio la extensión del mandato del presidente de la Corte, cercano a López Obrador, hasta el 30 de noviembre de 2024, cuando su encargo concluía en 2022. El controversial artículo ha sido cuestionado por la oposición y especialistas en Derecho desde su aprobación por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, en abril de este año.
Los críticos de la Cuatroté ven un riesgo de que el primer mandatario intente someter al Poder Judicial, debido a su cercanía con el ministro Zaldívar o que incluso éste sea un ensayo para que el propio López Obrador extienda su presidencia.
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Para los abogados el problema es más bien jurídico, porque esta legislación se opone al artículo 97 de la Constitución, que establece que cada cuatro años el pleno de la SCJN debe elegir de entre sus miembros a su presidente, el cual no podrá ser reelecto.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se abrió un plazo de 30 días para que un tercio de la Cámara baja o un tercio del Senado también presenten acciones de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Un grupo de legisladoras de oposición adelantó desde ese día que ya estaban reuniendo las 167 firmas necesarias para interponer ante la Corte una controversia constitucional. Con información de Roberto Cortez
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