Ante las quejas y denuncias que han interpuesto diferentes asociaciones de ambientalistas en contra del nuevo código urbano, el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de planeación, desarrollo urbano y obras públicas, sostuvo que en la actualización de este Código se han cuidado todos los esquemas en el tema de medio ambiente y todas las restricciones, recordando que “para que alguien haga un desarrollo tiene que pasar por más de cuarenta trámites, pasa por semarnat, por medio ambiente estatal y municipal, no es tan fácil como como muchos piensan”, dijo.
El legislador reiteró que coincide con la Gobernadora del estado, en que “no podemos frenar el crecimiento y el desarrollo inmobiliario en el estado a raíz de la inconformidad de unas cuantas personas, son más los que quieren dar certeza jurídica en materia de desarrollo urbano, son más las personas que están a favor de este Código Urbano e incluso ya está vigente y publicado en el periódico oficial y ya se está homologando en los municipios”, recalcó.
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Añadió que son muchas las bondades que ofrece, pues ahora se le da facultad al municipio capital para que nada más sean ellos quienes lleven el trámite, “lo que se buscó es evitar burocracias, duplicidad de funciones y buscamos incentivar la economía, recordemos que es una de las más importantes, es la segunda economía después de la automotriz aquí en el estado”.
Mencionó que para que quienes estén preocupados por los nuevos desarrollos, sepan que para quienes presentan un proyecto, se les otorga una prefactibilidad por parte de Ccapama en donde dice si hay agua y de donde se estará abasteciendo,
tiene que pasar por muchos requisitos para poder autorizar un desarrollo, no se construirá en donde no hay agua y la tengan que conectar, incluso, en algunos les obligan hacer pozos, líneas moradas y reutilizar el aguaMaximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de planeación, desarrollo urbano y obras públicas
Respecto a los amparos que existen por parte de los ambientalistas en donde sostienen que no fueron tomadas en cuenta las asociaciones ni los vecinos que deben participar en las mesas de dialogo, señaló que se “tomaron en cuenta a todas las dependencias involucradas en las autorizaciones de un fraccionamiento como lo es la SEMARNAT, medio ambiente estatal y municipal que son las facultadas para emitir una opinión en materia de medio ambiente y no una asociación civil, acuérdense que cuando alguien desarrolla un fraccionamiento no es obra pública no es recurso público es privado y compran la tierra, que es su tierra y de ahí sacan los permisos correspondientes para fraccionar de acuerdo a la normativa y a la reglamentación aplicable”, concluyó.
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