/ martes 26 de marzo de 2019

Somos de los estados con menor corrupción

Aguascalientes aparece entre las entidades con menor corrupción y menos impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente en los costos que genera el delito a personas y negocios

Aguascalientes aparece entre las entidades con menor corrupción y menos impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente en los costos que genera el delito a personas y negocios, de acuerdo a una evaluación de la organización México Social.

Nuestro estado aparece en la sexta posición nacional en el Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental 2018, antecedido por Yucatán. Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango, en ese orden. Aguascalientes aparece con 6.0, mientras que el más alto es Yucatán con 8.8.

A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad.

De acuerdo con estos resultados, las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

EL DATO:

Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México

Aguascalientes aparece entre las entidades con menor corrupción y menos impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente en los costos que genera el delito a personas y negocios, de acuerdo a una evaluación de la organización México Social.

Nuestro estado aparece en la sexta posición nacional en el Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental 2018, antecedido por Yucatán. Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango, en ese orden. Aguascalientes aparece con 6.0, mientras que el más alto es Yucatán con 8.8.

A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad.

De acuerdo con estos resultados, las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

EL DATO:

Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México

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