Luego de haber sido aprobada por el congreso del estado, la reforma constitucional en materia de justicia, el presidente del Colegio de Abogados, Salvados Farías Higareda, señaló que el gremio está en la espera de los tiempos para presentar una acción de inconstitucionalidad, ya que si bien, ahorita se está revisando en los municipios para que se avalen estas reformas, después de ello, tienen que pasar quince días para poder hacerlo.
El legista, dio a conocer que desde el Colegio se han realizado varias sesiones para socializar esta ley, “estamos discutiendo el texto entre los más de 130 abogados que conformamos el colegio y de ahí se van sacando las ideas que consideramos se pueden combatir o modificar, entonces, estamos en tiempo para preparar lo conducente y manifestar nuestra oposición a través de la comisión de derechos humanos”.
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Explicó que, como especialistas en la materia, “pensamos que es una reforma que atenta contra el poder judicial y nos afecta a todos como ciudadanos aguascalentenses, no podemos quedarnos paralizados viendo correr el agua, nos afecta porque al aprobar a cualquier magistrado que no cuente con la preparación y facultades para dar certeza, entonces, es ahí en donde decimos que peligra la justicia, ya que los magistrados resuelven sobre la vida, la libertad, sobre el patrimonio de las personas”, recalcó.
Cabe señalar que con la reforma se aprobó el nombramiento de más magistrados y salas y será la gobernadora quien presente la terna a los diputados, “el Congreso tendrá siete días para decidir estos puestos, pero el riesgo es que puede omitir sesionar y dejar todo al poder ejecutivo, es decir, que la gobernadora tendrá la libertad para designar a los once magistrados del poder judicial, y obviamente esto da pie a que cualquier político que tenga el título de abogado en derecho puede ser magistrado, sin contar con una carrera judicial”, subrayó.
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En ese sentido, expresó que si la designación se da por parte del poder ejecutivo para mover y modificar el otro poder, circunstancia que la constitución general de la república ha prohibido y la corte interamericana de los derechos humanos, entonces, “nosotros queremos defender, ya que si llega alguien que no tiene cualidades, la población en general no tendrá certeza de sus decisiones”.
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