Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), actualmente están acompañando a cinco procesos de mujeres que han denunciado acoso laboral en el INEGI, del inicio son cuatro de Aguascalientes y dos de otras sedes del país a quienes orientan en su proceso, pues el organismo no ha dado claras soluciones a las denuncias presentadas por las trabajadoras.
Mariana Ávila, coordinadora de este organismo, dijo:
"En todos estos casos es importante comentar que el órgano interno tiene conocimiento, a su vez se han venido dando diferentes medidas de protección y medidas cautelares y también se han estado retirando, estamos preocupados por las decisiones institucionales que se han tomado que ponen en riesgo la integridad de las compañeras denunciantes y además de muchas otras mujeres que por diferentes situaciones no han podido denunciar la violencia que viven dentro de la institución”.
Respecto de las accione a tomar, dijo que en retrospectiva, al recordar lo que implica denunciar la violencia, cuando se vive en un espacio laboral ya no es seguro acudir a trabajar, ya que debería de ser un espacio que te permita desarrollarte profesional y personalmente.
Pero una vez efectuados estos casos, para la víctima implica enfrentarse ya no solamente a su agresor o agresores, sino a la institución que suele en la mayoría de los casos ser omisa o que incluso activa los mecanismos para re victimizar más que para resolver.
Implica invertir tiempo para llevar estos procesos por las vías administrativas, penales o civiles, o sea las víctimas en la mayoría de los casos no son acompañadas por la institución, aunque tengan unidades de género o mecanismos específicos para poder llevar a cabo una denuncia; y en el caso de los procesos que nosotros hemos estado acompañando de INEGI, esta es la situación.Mariana Ávila, coordinadora de OVSGA.
Por otro lado, menciona que las mujeres han hecho red y se han estado acompañando.
La exigencia es clara:
Externó Mariana Ávila que es urgente la atención inmediata a las condiciones de seguridad integral de las compañeras, o sea no solamente la física sino también la laboral, la emocional y la económica.
Las condiciones para que ellas no tengan que enfrentarse a dejar el trabajo, a tener miedo para ir a su espacio laboral o que incluso tengan que ser cambiadas de sede, es que los agresores no pueden estar en el mismo espacio.
La otra, es que se tomen medidas para que eso no vuelva a suceder, como, por ejemplo, la garantía de no repetición y que acompañen a cada una de las víctimas para que las denuncias continúen con las otras instancias necesarias, ya sea Fiscalía, Derechos Humanos, Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos e incluso atención de víctimas.
Asimismo recalca que las autoridades del INEGI han sido omisas, ya que, a pesar de estar "cercanos" al proceso desde el observatorio, sus acciones no son contundentes o congruentes con el discurso que envían en medios.
Para finalizar, la coordinadora manda un mensaje a los medios:
Estén o no acompañadas por una organización, tienen que atender a las víctimas, estén o no bajo un proceso de denuncia externo, tienen que garantizar que en el interior de las instituciones se garanticen las condiciones para que las mujeres y quien sea víctima de cualquier delito, puedan seguir trabajando.
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