Luego que el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acusado por peculado, llevó a cabo el pago de un supuesto tomógrafo que adquirió en el 2009, cuya cantidad asciende a los 13 millones 800 mil pesos, el recurso será destinado a tres sectores.
A decir de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, esta es una muestra de que en el estado no hay impunidad, “hemos estado observando la forma en que las personas cometieron un delito, pueden ser resarcitorios, si alguien resarce el daño del erario público o de cualquier tema que le faculte al Poder Judicial, será un tema saldado, si no, será un delito en proceso”.
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Sobre el destino del recurso que se reintegrará al presupuesto público, dijo que “si pasa en el Poder Judicial, poder resarcir, claro que lo estaremos utilizando para el tema de educación, seguridad y salud”.
Por su parte, Jesús Figueroa Ortega, titular de la Fiscalía General del Estado, comentó respecto a la situación del ex mandatario estatal, que a pesar de que reintegró al erario 13 millones 800 mil pesos, producto del peculado cometido con la simulación de la compra de un tomógrafo en 2009, el proceso legal abierto en su contra no ha concluido.
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Agregó que el delito se sigue de oficio y en lo que a la pena de prisión se refiere “llega a un acuerdo en el tema de la reparación del daño, hace el pago y el Gobierno del Estado otorga el perdón, el hecho por el que se le dictó sentencia se sigue de oficio”.
Veremos lo que ordene el juez, si es un top denominado de ejecución una vez que pague, no podía tener un beneficio porque no había pagado, sólo pagaba la multa, ahora ya pagó la multa, falta la pena de prisión.
Jesús Figueroa Ortega, Titular de la Fiscalía General del Estado
Sobre los hechos, cabe señalar que fue en 2009 que se simuló la compra de un tomógrafo, con el valor mencionado, no obstante, fue en el 2020 que la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, dictó sentencia al ex funcionario, en la que se le condenó a pagar la cantidad de 13 millones 800 mil pesos en efectivo al Gobierno del Estado de Aguascalientes, prisión de 2 años 9 meses, inhabilitación por un año y seis meses para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, además de pagar una multa de cuatro mil seiscientos tres pesos.
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