Destinar parte o un porcentaje del financiamiento que los partidos políticos reciben para objetivos distintos a los de estas organizaciones, no puede ser una decisión particular, tiene que ser una determinación de las cámaras legislativas.
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Lo anterior porque el financiamiento público es una prerrogativa que tiene el sistema de partidos políticos en el país y nadie lo puede alterar puesto que es un mandato constitucional y para poder disminuirlo o ampliarlo es menester llevar a cabo una reforma de ley.
Esto significa, explicó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado, Ignacio Ruelas Olvera,
que el Constituyente autoriza que la fórmula con la que se integra el financiamiento sea menor o mayor a como está establecido, en este momento los elementos que integran el algoritmo es el número de ciudadanos inscritos en el padrón y un porcentaje de UMAs y es así cómo se establece el criterio del monto total de financiamiento por partido.Ignacio Ruelas Olvera, Vocal ejecutivo del INE en el estado
*Consulte el detalle de esta información en la edición impresa de EL SOL DEL CENTRO de mañana sábado
