MANAGUA. El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló los permisos de operación de cinco universidades y las personalidades jurídicas a otras 11 ONG nicaragüenses, acusadas de incumplir normas de transparencia, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del presidente Daniel Ortega.
Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), símbolo de las protestas que pusieron en jaque al gobierno de Daniel Ortega, Universidad Católica del Trópico Seco, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Universidad Popular de Nicaragua, y Universidad Paulo Freire.
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Anteriormente, los diputados sandinistas y sus aliados también ilegalizaron a las organizaciones propietarias de la Universidad Hispanoamericana, la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana.
Con la ilegalización de esas 16 ONG se elevó a 80 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cierre de las cinco universidades y las 11 ONG fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”, según la exposición.
Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados con mayoría absoluta en el Parlamento, también retiraron registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
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