El sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más criticados en el marco de la política climática. No es solo el recorte presupuestal al sector ambiental, la desaparición del Fondo de Cambio Climático, el debilitamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y otras cosas las que ponen en entre dicho los avances en la política climática. Sino que encima de su debilitamiento hay, y se mantendrá, una apuesta a la producción de combustibles fósiles para alimentar la economía del país. Plan que limita cualquier genuina intención de hacer frente a la emergencia climática.

De cara a la COP27 el INECC, ahora integrado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), presentó su tercer informe bianual de actualización de la acción climática.

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Con entusiasmo se presentaron avances en la agenda de mitigación, en sectores como el energético, el de cambio de uso de suelo, el de industria, transporte y residuos. Todos esfuerzos loables. No obstante el INECC confirmó que no solo no hemos reducido emisiones sino que se seguirán aumentando, aunque en un menor ritmo anual, dijeron.

Las emisiones son un indicador para entender en donde están los países y cuál es sus nivel de responsabilidad ante el problema. En repetidas ocasiones el gobierno mexicano ha dicho que no son los principales responsables del problema.

Pero los datos dicen otra cosa. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (2019), México es el principal emisor de bióxido de carbono en América Latina. Y de acuerdo al instituto de Recursos Mundiales (2019), el país es el segundo en emisiones totales, solo después de Brasil. Es decir, se encuentra entre los primeros 20 países emisores a nivel mundial. El 20o lugar de 197 que conforman la Convención, no es una posición menor.

Lo anterior no solo hace a México un país responsable del problema, sino también altamente vulnerable. Porque ya ha sido claro que a la falta de mitigación, el costo de la adaptación siempre será mayor.

Ante ello México anunció en el marco de la COP27 el compromiso de aumentar la reducción de emisiones, pasando de 22 a 30 por ciento a 2030, de manera incondicional, es decir, con sus propios recursos. Si bien es poco clara la metodología y los cálculos con los que el gobierno hizo su “nuevo” compromiso, la pregunta crucial es ¿cómo lo van a implementar?

Del total del presupuesto público de la Federación 15 por ciento se va a la producción de combustibles fósiles y solo 0.05 por ciento a la atención del cambio climático (GFLAC, 2022). Es decir, por más recursos que inyectasen en la atención del problema, su gasto e impulso en los combustibles fósiles, es mucho mayor.

Lo interesante es que el nuevo interés del gobierno mexicano en incrementar la ambición ha vendido de la presión de Estados Unidos. John Kerry ha señalado que México se comprometerá a más.

Pero en este impulso a “más ambición” hay que poner atención en dos aspectos: 1) ¿qué medidas están incluyendo actualmente como parte de sus compromisos?, y 2) ¿qué nuevas medidas entrarán?, y ¿a quién realmente van a beneficiar?

Lo anterior porque como analizábamos en ocasiones anteriores, México presentó un decálogo de acciones de cambio climático en donde se integran medidas como el Tren Maya, las grandes hidroeléctricas, e incluso de habla de que la construcción de la refinería será de ayuda porque aumentará la soberanía energética.

Lo cual no tiene ningún sentido en la política climática, pero así lo ha manifestado el gobierno. Pero varias de estas fueron consideradas en las nuevas metas de reducción.

LA NUEVA NARRATIVA CLIMÁTICA

Los compromisos anunciados integran proyectos que a toda luz contravienen con el desarrollo sustentable. Un caso claro es la inclusión del Tren Maya, una obra que está causando grandes daños ambientales en la región del sureste mexicano, incrementando la deforestación de una de las zonas más mega diversas del país.

La Unión Europea y otros organismos han creado taxónomas para clasificar cuando una medida puede o no ser considerada sostenible y climáticamente amigable. Y una premisa fundamental es que además de reducir emisiones o vulnerabilidad, no debe tener impactos negativos o externalidades (UE, 2020) Y el Tren Maya y muchas medidas incluidas, definitivamente tienen impactos negativos y externalidades.

Entonces, el gobierno mexicano podrá decir que aumentó la ambición, pero debe quedarle claro al mundo, que no todas sus propuestas son una real transformación.

Y por ello insisto, en que haber cambiado de una narrativa negacionista a una pro clima encubriendo obras que dañan el ambiente, a causa de la presión de Estados Unidos, podría ser muy peligroso.

Por cierto, cabe señalar que aquellos técnicos del INECC que hicieron los cálculos de las nuevas metas, no están en la COP. Solo está un pequeño equipo diplomático, acompañado de personas que “cubren” los temas, pero que difícilmente tienen los insumos para hacer de la posición de México una relevante.

Si bien México adoptó una política exterior feminista que ha impulsado también en las COPs, señalado el compromiso de México en su lucha por la protección de los derechos humanos, lo cual es muy importante y necesario, esto no puede tomarse como única bandera, sin una ambición en la mitigación y en la adaptación.

En conclusión, México representado por el gobierno federal está en la COP27 con nuevas metas pero dudoso contenido.

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Afortunadamente existen técnicos que ya tienen propuestas para cambiar el rumbo. Esto incluye gobiernos locales como Jalisco y Guanajuato que han impulsado esta agenda con fuerza y otros actores no gubernamentales. Por ejemplo, la Iniciativa Climática de México presentó una NDC que apunta de manera real lo que se puede alcanzar para llegar al 30% de reducción, sin hacer “greenwashing”.

Entonces, México sí puede enmendar el camino, pero ¿quiere?. Quizá este gobierno no, por que los hechos no muestran un cambio en la trayectoria. Pero está claro que mucho se puede hacer, pero un cambio de liderazgo político es necesario.

*Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Climático para América y el Caribe (GFLAC)