MADRID, España. Hasta hace poco no era muy conocida en España, pero desde la primavera está en boca de todos. La universidad pública Rey Juan Carlos, en Madrid, es la protagonista del "mastergate", una presunta trama de trato de favor a políticos que obtuvieron títulos por la vía rápida.
Las sospechas no conciernen a toda la universidad, que acaba de anunciar la creación de un nuevo servicio de inspección, sino a un organismo adscrito, el Instituto de Derecho Público (IDP).
En él estudiaron dos personalidades que tuvieron que dimitir bajo el peso de las sospechas: Cristina Cifuentes, ex presidenta conservadora de la región de Madrid, en abril, y Carmen Montón, ex ministra de Sanidad socialista, quien renunció este martes.
También allí cursó su máster Pablo Casado, compañero de Cifuentes en el Partido Popular (PP) y líder desde julio.
Los tres ocupaban cargos cuando cursaron sus respectivos títulos de posgrado: Cifuentes era delegada del gobierno en Madrid, Casado diputado regional y Montón diputada nacional.
Todo ello apunta a que el instituto "presuntamente se había convertido en un chiringuito para regalar posgrados a gente VIP", comentó Cristina Monge, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Zaragoza.
"De alguna forma era un trato bueno para las dos partes: la universidad se rodeaba de alumnos ilustres, y por otro lado estos alumnos tenían un título".
Todo ello en un contexto generalizado en España de "titulitis" y de "locura de másteres y posgrados", según el cual, cuantos más titulaciones mejor, señala Monge.
Los indicios de irregularidades son tantos que el instituto fue clausurado por decisión de la universidad, y su director, el catedrático de Derecho Enrique Álvarez Conde, cesado.
El rectorado está investigando los currículos manejados por el IDP, y sospecha igualmente que pudo haber una malversación de fondos, lo cual denunció en mayo ante la justicia.
Según escribe el diario El País este jueves, Álvarez Conde se habría pagado a sí mismo sobresueldos irregulares de entre 10.000 y 22.000 euros al año desde las cuentas del Instituto.
Igualmente hizo transferencias a sus dos hijos y otros dos parientes sin relación con el centro, y utilizó la tarjeta de crédito del Instituto para pagar facturas de supermercados, restaurantes, cafeterías, mesones e incluso música en Spotify.
El politólogo Pablo Simón habla de una "trama organizada" en el IDP, y Cristina Monge no descarta "que siga apareciendo otra gente, porque el caso se puede ir ensanchando".
El dossier de Casado está en manos del Tribunal Supremo, que este mes decidirá si lo investiga por prevaricación, lo que significaría que, aprovechando su condición de diputado regional, presionara para obtener un trato de favor.
Según reconoció Casado, se le convalidaron de golpe 18 asignaturas de 22, por ser ya licenciado en Derecho, y se le dispensó de ir a clase, pese a que el master era, oficialmente, presencial. No obstante aseguró en todo momento que hizo "exactamente lo que se [le] pidió".
