/ jueves 14 de abril de 2022

Pierden lectores biométricos e inmovilizadores

El organismo carcelario reportó en 2021 la baja de más de 17 mil bienes muebles por “enajenación” o “siniestros”, entre caninos, sistemas de generación eléctrica y un puesto de enlace satelital

Un total de 10 bienes muebles, entre los que se encuentra una motoneta, cuatro inmovilizadores temporales disuasivos, tres lectores biométricos y dos radios portátiles, extravió en 2021 el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de las 14 cárceles federales del país.

El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la pérdida de esos objetos el año pasado, que alcanzan un valor de 371 mil 261.33 pesos.

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En una revisión que realizó El Sol de México a las 17 mil 729 fichas de bienes muebles dados de baja por el OADPRS durante 2021 –la mayoría por “enajenación” o por pérdidas en “siniestros”–, se detectó que 10 artículos en el inventario fueron registrados como “extraviados”.

Entre los objetos extraviados destacan cuatro inmovilizadores temporales disuasivos de 25 mil 907.02 pesos cada uno, que pueden ser pistolas o bastones de descargas eléctricas y que son utilizados por fuerzas de seguridad para paralizar físicamente a personas.

También se encuentran tres lectores biométricos con capacidad para almacenar hasta 40 mil registros, con un valor de 46 mil 042.79 pesos cada uno. Estos funcionan para recolectar datos personales como huellas digitales, rasgos faciales o lectura de iris ocular, en este caso a personas privadas de la libertad, visitantes, servidores públicos o elementos de seguridad en las prisiones.

La cuatrimoto reportada como extraviada por parte del organismo carcelario federal aparece con un valor de 78 mil 570 pesos.

PÉRDIDAS EN “SINIESTROS”

Prevención y Readaptación Social, que también está a cargo de los tres penales federales de “máxima seguridad” (el Cefereso No. 1, “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México; el Cefereso No. 5, “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz, y el Cefereso No. 4, “Noroeste”, en El Rincón, Nayarit) también reportó la baja por “siniestro” de tres sistemas de generación eléctrica con un valor de 47 millones 48 mil 603 pesos cada uno, es decir, un total de 141 millones 145 mil 809 pesos.

Otras “bajas por siniestro” que registró el organismo carcelario federal fueron siete perros: uno con valor de 106 mil 669.08 pesos, otro de 120 mil 511.30 pesos, y uno más de 101 mil 500 pesos; dos de 84 mil 500 pesos cada uno; uno por 58 mil 500 pesos y otro por 25 mil pesos.

José Reyes Martínez, titular de la Unidad de Transparencia del organismo, explicó que la baja por “siniestro” de estos perros no quiere decir necesariamente que murieron en alguna riña u otro incidente dentro de los penales federales.

Los animales –anotó– pudieron haber sido dados de baja en el inventario de la institución porque “sufrieron alguna lesión o enfermaron durante su entrenamiento o en las actividades cotidianas de trabajo”.

Otros bienes muebles que están en la lista de objetos dados de baja por “siniestro” son una planta generadora de energía eléctrica, con un monto de 263 mil 626.37 pesos, así como un puesto de administración técnica local, con un valor de 485 mil 591 pesos.

También destacan un detector de objetos adheridos al cuerpo de cinco millones 477 mil 921.51 pesos; un motor fuera de borda rotación derecha, de 277 mil 900 pesos, así como un puesto de enlace satelital LATC 12, con un valor de cuatro millones 140 mil 666 pesos.

En la misma situación están tres bases de estación digital IP M9660/BS 800, con un valor de cuatro millones 031 mil 812 pesos cada una; tres puestos de administración técnica local de 124 mil 992 pesos cada uno, y dos puestos de despacho independiente de 412 mil 383 pesos cada uno.

RIÑAS, UNA POSIBLE CAUSA DE PÉRDIDAS

De acuerdo con los “Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional” de la SSPC y OADPRS, de enero a diciembre de 2021 no se registraron motines ni fugas en las cárceles que controla el gobierno federal, pero sí un total de 367 riñas.

Los meses en los que se reportaron más riñas fueron mayo, con 45; septiembre, con 37; julio, con 36; junio, con 34; agosto, con 33, y marzo, con 32.

El Centro Federal de Readaptación Social que registró el mayor número de riñas en 2021 fue el Número 13, en Oaxaca, con 89 incidentes. Le sigue el Centro de Federal de Readaptación Social Número 12, en Guanajuato, con 69 hechos de violencia, así como el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, en Chiapas, con 46 riñas.

De acuerdo con ese informe mensual, hasta enero de este año había un total de 28 mil 520 personas privadas de la libertad en los 14 centros penitenciarios federales.

Hasta el año pasado, el organismo encargado de los centros penitenciarios del país contaba con 16 cárceles bajo su resguardo.

La cifra se redujo a 14 para este 2022 una vez que se desincorporaron las prisiones federales de Islas Marías, hoy transformada en centro ecoturístico y cultural, así como el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, el cual aún está por definir cuál será su utilidad pública.

Un total de 10 bienes muebles, entre los que se encuentra una motoneta, cuatro inmovilizadores temporales disuasivos, tres lectores biométricos y dos radios portátiles, extravió en 2021 el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de las 14 cárceles federales del país.

El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez, reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la pérdida de esos objetos el año pasado, que alcanzan un valor de 371 mil 261.33 pesos.

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En una revisión que realizó El Sol de México a las 17 mil 729 fichas de bienes muebles dados de baja por el OADPRS durante 2021 –la mayoría por “enajenación” o por pérdidas en “siniestros”–, se detectó que 10 artículos en el inventario fueron registrados como “extraviados”.

Entre los objetos extraviados destacan cuatro inmovilizadores temporales disuasivos de 25 mil 907.02 pesos cada uno, que pueden ser pistolas o bastones de descargas eléctricas y que son utilizados por fuerzas de seguridad para paralizar físicamente a personas.

También se encuentran tres lectores biométricos con capacidad para almacenar hasta 40 mil registros, con un valor de 46 mil 042.79 pesos cada uno. Estos funcionan para recolectar datos personales como huellas digitales, rasgos faciales o lectura de iris ocular, en este caso a personas privadas de la libertad, visitantes, servidores públicos o elementos de seguridad en las prisiones.

La cuatrimoto reportada como extraviada por parte del organismo carcelario federal aparece con un valor de 78 mil 570 pesos.

PÉRDIDAS EN “SINIESTROS”

Prevención y Readaptación Social, que también está a cargo de los tres penales federales de “máxima seguridad” (el Cefereso No. 1, “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México; el Cefereso No. 5, “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz, y el Cefereso No. 4, “Noroeste”, en El Rincón, Nayarit) también reportó la baja por “siniestro” de tres sistemas de generación eléctrica con un valor de 47 millones 48 mil 603 pesos cada uno, es decir, un total de 141 millones 145 mil 809 pesos.

Otras “bajas por siniestro” que registró el organismo carcelario federal fueron siete perros: uno con valor de 106 mil 669.08 pesos, otro de 120 mil 511.30 pesos, y uno más de 101 mil 500 pesos; dos de 84 mil 500 pesos cada uno; uno por 58 mil 500 pesos y otro por 25 mil pesos.

José Reyes Martínez, titular de la Unidad de Transparencia del organismo, explicó que la baja por “siniestro” de estos perros no quiere decir necesariamente que murieron en alguna riña u otro incidente dentro de los penales federales.

Los animales –anotó– pudieron haber sido dados de baja en el inventario de la institución porque “sufrieron alguna lesión o enfermaron durante su entrenamiento o en las actividades cotidianas de trabajo”.

Otros bienes muebles que están en la lista de objetos dados de baja por “siniestro” son una planta generadora de energía eléctrica, con un monto de 263 mil 626.37 pesos, así como un puesto de administración técnica local, con un valor de 485 mil 591 pesos.

También destacan un detector de objetos adheridos al cuerpo de cinco millones 477 mil 921.51 pesos; un motor fuera de borda rotación derecha, de 277 mil 900 pesos, así como un puesto de enlace satelital LATC 12, con un valor de cuatro millones 140 mil 666 pesos.

En la misma situación están tres bases de estación digital IP M9660/BS 800, con un valor de cuatro millones 031 mil 812 pesos cada una; tres puestos de administración técnica local de 124 mil 992 pesos cada uno, y dos puestos de despacho independiente de 412 mil 383 pesos cada uno.

RIÑAS, UNA POSIBLE CAUSA DE PÉRDIDAS

De acuerdo con los “Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional” de la SSPC y OADPRS, de enero a diciembre de 2021 no se registraron motines ni fugas en las cárceles que controla el gobierno federal, pero sí un total de 367 riñas.

Los meses en los que se reportaron más riñas fueron mayo, con 45; septiembre, con 37; julio, con 36; junio, con 34; agosto, con 33, y marzo, con 32.

El Centro Federal de Readaptación Social que registró el mayor número de riñas en 2021 fue el Número 13, en Oaxaca, con 89 incidentes. Le sigue el Centro de Federal de Readaptación Social Número 12, en Guanajuato, con 69 hechos de violencia, así como el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, en Chiapas, con 46 riñas.

De acuerdo con ese informe mensual, hasta enero de este año había un total de 28 mil 520 personas privadas de la libertad en los 14 centros penitenciarios federales.

Hasta el año pasado, el organismo encargado de los centros penitenciarios del país contaba con 16 cárceles bajo su resguardo.

La cifra se redujo a 14 para este 2022 una vez que se desincorporaron las prisiones federales de Islas Marías, hoy transformada en centro ecoturístico y cultural, así como el Cefereso No. 2 de Puente Grande, Jalisco, el cual aún está por definir cuál será su utilidad pública.

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