/ lunes 14 de diciembre de 2020

En año y medio, FGR acepta a 732 inculpados como delatores

A cambio de información que sirva para alcanzar a otros involucrados, la Fiscalía no ejerce acción penal

No sólo son Emilio y Rosario. En el primer año y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (enero de 2019 a julio de 2020), 732 personas investigadas por diferentes delitos federales, entre políticos y presuntos delincuentes, han decidido delatar lo que saben a cambio de beneficios de la justicia, acogiéndose al llamado criterio de oportunidad.

Mediante esta figura, implementada desde 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) decide no ejercer acción penal en contra de la persona imputada siempre y cuando rinda su testimonio y aporte información sobre el caso por el cual es juzgada para que el brazo de la justicia, en teoría, alcance a otros personajes involucrados en la trama delictiva.

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Para poner la cifra en perspectiva, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto mil 179 personas se acogieron a este criterio o al similar que existía antes de 2016 conocido como “testigo colaborador”, revela información de la Fiscalía. Y en tiempos de Felipe Calderón, se registraron 336 testigos colaboradores.

“No se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina. No ha habido en todo este tiempo nada así, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones”, aseguró el presidente López Obrador en diciembre de 2019.

Para entonces, 530 personas ya se habían acogido al criterio de oportunidad sólo ese año. Los últimos casos más conocidos este 2020 han sido los del exdirector de Pemex, Emilio N, y la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario N, ambos funcionarios en la administración peñista.

Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Garduño, esta figura jurídica, copiada de Estados Unidos, es un instrumento político que ya está prostituido.

“Cuando se enjuicia al poder lo que realmente se está haciendo no es aclaración o justicia, es encubrimiento del poder mismo. El poder se encubre como condición de seguir existiendo y seguir con su dominio”.

Casos como el de Rosario N y Emilio N, dice el especialista en seguridad, demuestran que el criterio de oportunidad es un instrumento político, “porque se aplica con políticos” y es evidente que quien conoce el poder es dueño de una información privilegiada.

Consideró que a diferencia de lo ocurrido el sexenio pasado, donde la entoncesPGR abusó de los testigos protegidos, la situación con el fiscal general Alejandro Gertz Manero es peor, “porque dice que se pretende aclarar lo que en verdad sirve para ocultar la base del poder”.

“Lo que está protegiendo es su propia cabeza, Gertz Manero es un hombre que siempre ha estado en la estructura del poder y como él, todos forman parte del pasado”, añadió.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Antes de 2016 no existía formalmente el criterio de oportunidad, pero había una figura similar e igual de controvertida conocida como “testigo colaborador”. Uno de los casos más emblemáticos, en tiempos de Felipe Calderón, fue el de Roberto López Nájera, con clave Jennifer, quien acusó a diferentes personajes de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos, a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, presos y después liberados por falta de pruebas. La figura fue criticada por servir más para incriminar falsamente a personas consideradas enemigos del calderonismo y del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

La entonces PGR también tuvo como testigo colaborador a José Salvador Puga Quintanilla El Pitufo, quién aportó información para judicializar el “Michoacanazo”, lo que permitió la detención de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez estatal el 26 de mayo de 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado. Al final, entre 2010 y 2011 todos salieron libres por falta de pruebas.

La lista de personas que se han beneficiado de esta figura jurídica es vasto. Algunos son José Jorge Balderas El JJ, acusado de haber disparado al futbolista Salvador Cabañas; Sergio Villarreal Barragán El Grande, exlugarteniente del cártel de Los Beltrán Leyva y Tarek Abdalá Saad, tesorero del exgobernador de Veracruz Javier N, quien colabora con la FGR para conocer el destino de 55 mil millones de pesos desviados durante esa administración.

Recientemente el exdirector de Pemex, Emilio N, y el ex Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, han declarado ante el Ministerio Público sobre el desvío de dinero en los casos Odebrecht y la Estafa Maestra, a cambio de que se retiren los cargos en su contra. Por su parte, Rosario N ya hizo la petición para ser testigo colaboradora. De aceptar su solicitud, el Ministerio Púbico le tomará declaración y podría salir de prisión.




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No sólo son Emilio y Rosario. En el primer año y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (enero de 2019 a julio de 2020), 732 personas investigadas por diferentes delitos federales, entre políticos y presuntos delincuentes, han decidido delatar lo que saben a cambio de beneficios de la justicia, acogiéndose al llamado criterio de oportunidad.

Mediante esta figura, implementada desde 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) decide no ejercer acción penal en contra de la persona imputada siempre y cuando rinda su testimonio y aporte información sobre el caso por el cual es juzgada para que el brazo de la justicia, en teoría, alcance a otros personajes involucrados en la trama delictiva.

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Para poner la cifra en perspectiva, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto mil 179 personas se acogieron a este criterio o al similar que existía antes de 2016 conocido como “testigo colaborador”, revela información de la Fiscalía. Y en tiempos de Felipe Calderón, se registraron 336 testigos colaboradores.

“No se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina. No ha habido en todo este tiempo nada así, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones”, aseguró el presidente López Obrador en diciembre de 2019.

Para entonces, 530 personas ya se habían acogido al criterio de oportunidad sólo ese año. Los últimos casos más conocidos este 2020 han sido los del exdirector de Pemex, Emilio N, y la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario N, ambos funcionarios en la administración peñista.

Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Garduño, esta figura jurídica, copiada de Estados Unidos, es un instrumento político que ya está prostituido.

“Cuando se enjuicia al poder lo que realmente se está haciendo no es aclaración o justicia, es encubrimiento del poder mismo. El poder se encubre como condición de seguir existiendo y seguir con su dominio”.

Casos como el de Rosario N y Emilio N, dice el especialista en seguridad, demuestran que el criterio de oportunidad es un instrumento político, “porque se aplica con políticos” y es evidente que quien conoce el poder es dueño de una información privilegiada.

Consideró que a diferencia de lo ocurrido el sexenio pasado, donde la entoncesPGR abusó de los testigos protegidos, la situación con el fiscal general Alejandro Gertz Manero es peor, “porque dice que se pretende aclarar lo que en verdad sirve para ocultar la base del poder”.

“Lo que está protegiendo es su propia cabeza, Gertz Manero es un hombre que siempre ha estado en la estructura del poder y como él, todos forman parte del pasado”, añadió.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Antes de 2016 no existía formalmente el criterio de oportunidad, pero había una figura similar e igual de controvertida conocida como “testigo colaborador”. Uno de los casos más emblemáticos, en tiempos de Felipe Calderón, fue el de Roberto López Nájera, con clave Jennifer, quien acusó a diferentes personajes de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva, entre ellos, a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, presos y después liberados por falta de pruebas. La figura fue criticada por servir más para incriminar falsamente a personas consideradas enemigos del calderonismo y del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

La entonces PGR también tuvo como testigo colaborador a José Salvador Puga Quintanilla El Pitufo, quién aportó información para judicializar el “Michoacanazo”, lo que permitió la detención de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez estatal el 26 de mayo de 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado. Al final, entre 2010 y 2011 todos salieron libres por falta de pruebas.

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