/ domingo 15 de abril de 2018

Sin ley en penales de Querétaro y Jalisco según organismo contra la tortura

Se detectó que los internos realizan funciones de autoridad y cobran cuotas a otros reos

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), detectó que en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Querétaro y Jalisco, los internos realizan funciones de autoridad y cobran cuotas a otros reos, por lo que convocó a los Gobiernos de dichos estados a tomar medidas de prevención.

El MNPT solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud e integridad personal.

Dio a conocer el informe de Supervisión 1/2018 y 4/2018 que el MNPT dirigió a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, sobre lugares de privación de libertad, tras las correspondientes visitas realizadas en junio y noviembre de 2017, por el Mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.

Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.

Así como sobrepoblación, hacinamiento; falta de lugares de detención, aseguramiento e internamiento para la población femenil, lo que coloca a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; falta de áreas adecuadas para establecer comunicación privada y libre entre detenidos y defensores, lo que viola diversas disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

La supervisión también comprendió entrevistas con médicos, abogados y psicólogos, personal ministerial y de seguridad; revisión de expedientes y formatos de registro, y recorridos generales por las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban las áreas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), detectó que en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Querétaro y Jalisco, los internos realizan funciones de autoridad y cobran cuotas a otros reos, por lo que convocó a los Gobiernos de dichos estados a tomar medidas de prevención.

El MNPT solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos como lo son trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud e integridad personal.

Dio a conocer el informe de Supervisión 1/2018 y 4/2018 que el MNPT dirigió a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, sobre lugares de privación de libertad, tras las correspondientes visitas realizadas en junio y noviembre de 2017, por el Mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.

Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.

Así como sobrepoblación, hacinamiento; falta de lugares de detención, aseguramiento e internamiento para la población femenil, lo que coloca a las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad; falta de áreas adecuadas para establecer comunicación privada y libre entre detenidos y defensores, lo que viola diversas disposiciones nacionales e internacionales en la materia.

La supervisión también comprendió entrevistas con médicos, abogados y psicólogos, personal ministerial y de seguridad; revisión de expedientes y formatos de registro, y recorridos generales por las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones en que se encontraban las áreas.

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