/ domingo 26 de abril de 2020

Padres de Ayotzinapa exigen continuar con búsqueda pese a contingencia

A 67 meses de la desaparición masiva de sus hijos los padres denunciaron que las investigaciones "han presentado avances mínimos"

El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este domingo al Gobierno mexicano no detener la búsqueda de las personas extraviadas en el país pese la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Es necesario que el Gobierno busque los mecanismos adecuados para que, sin romper con las reglas establecidas por la contingencia de salud, la búsqueda y la investigación no se detengan", manifestaron en un comunicado de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Al cumplirse 67 meses de la desaparición masiva de sus hijos, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 en el sureño estado de Guerrero, los padres denunciaron que las investigaciones "han presentado avances mínimos".

Entre ellos destacaron restos analizados por laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria, tres detenciones recientes de exfuncionarios y una orden de aprehensión contra Tomas Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal.

No obstante, "tales pasos no logran ser suficientes", advirtieron en el comunicado.

"Nos preocupa que la contingencia decretada por la pandemia del COVID-19 sirva para la inacción de las autoridades obligadas a buscar e investigar el paradero de nuestros hijos", manifestaron.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas con padres de los estudiantes de Ayotzinapa Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Los familiares se refirieron a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno el 30 de marzo, que implica suspender actividades no esenciales para mitigar la propagación del coronavirus, que ha causado 13.842 contagios y 1.305 muertes en México.

Ante la crisis de desaparecidos del país, con más de 61.000 personas extraviadas reconocidas por el Gobierno, la Secretaría de Salud ha ajustado protocolos para atender la pandemia.

El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo el 17 de abril que prohíbe la incineración automática de fallecidos por COVID-19 pese a ser un lineamiento que siguen otros países.

"Es en virtud de la Ley de Víctimas que contempla la necesidad de mantener la posibilidad de mantener la posibilidad de identificar a las personas que fallecen", explicó entonces Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la exigencia de los padres y familias. / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El caso Ayotzinapa es el de 43 jóvenes que fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la "verdad histórica" del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, creó la Comisión de la Verdad en 2018 para revisar la investigación de su antecesor.

Aunque en un principio los familiares expresaron esperanza por la actitud del nuevo Gobierno y la creación de una unidad especial en la Fiscalía General de la República (FGR), también han expresado frustración por la lentitud de los avances.


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Omny

El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este domingo al Gobierno mexicano no detener la búsqueda de las personas extraviadas en el país pese la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Es necesario que el Gobierno busque los mecanismos adecuados para que, sin romper con las reglas establecidas por la contingencia de salud, la búsqueda y la investigación no se detengan", manifestaron en un comunicado de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Al cumplirse 67 meses de la desaparición masiva de sus hijos, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 en el sureño estado de Guerrero, los padres denunciaron que las investigaciones "han presentado avances mínimos".

Entre ellos destacaron restos analizados por laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria, tres detenciones recientes de exfuncionarios y una orden de aprehensión contra Tomas Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal.

No obstante, "tales pasos no logran ser suficientes", advirtieron en el comunicado.

"Nos preocupa que la contingencia decretada por la pandemia del COVID-19 sirva para la inacción de las autoridades obligadas a buscar e investigar el paradero de nuestros hijos", manifestaron.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas con padres de los estudiantes de Ayotzinapa Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Los familiares se refirieron a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno el 30 de marzo, que implica suspender actividades no esenciales para mitigar la propagación del coronavirus, que ha causado 13.842 contagios y 1.305 muertes en México.

Ante la crisis de desaparecidos del país, con más de 61.000 personas extraviadas reconocidas por el Gobierno, la Secretaría de Salud ha ajustado protocolos para atender la pandemia.

El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo el 17 de abril que prohíbe la incineración automática de fallecidos por COVID-19 pese a ser un lineamiento que siguen otros países.

"Es en virtud de la Ley de Víctimas que contempla la necesidad de mantener la posibilidad de mantener la posibilidad de identificar a las personas que fallecen", explicó entonces Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es la exigencia de los padres y familias. / Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El caso Ayotzinapa es el de 43 jóvenes que fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la "verdad histórica" del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin embargo, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, creó la Comisión de la Verdad en 2018 para revisar la investigación de su antecesor.

Aunque en un principio los familiares expresaron esperanza por la actitud del nuevo Gobierno y la creación de una unidad especial en la Fiscalía General de la República (FGR), también han expresado frustración por la lentitud de los avances.


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