¿Cuál es el proceso para revertir la remoción de Nieto de la Fepade?

Es la primera vez en la historia, que un fiscal especializado es cesado en medio del proceso electoral

Por Gabriel Xantomila y Alejandro Suárez

  · martes 24 de octubre de 2017

El fiscal removido Santiago Nieto Castillo, “le es incómodo al gobierno federal” por el caso Odebrecht, coincide la oposición / Foto: Laura Lovera

El 20 de octubre, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, en función de encargado de despacho de la PGR, removió al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto.

Es la primera vez en la historia, que un fiscal especializado es cesado en medio del proceso electoral.

Motivo del cese de Nieto

La PGR argumentó que Santiago Nieto Castillo filtró información de carpetas de investigación en curso, lo cual alteraba el debido proceso de los implicados.

¿Quién es Santiago Nieto?

Desde su designación en 2015, se le vincula a los partidos de izquierda.  Fue asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado. También fue alumno Jaime Cárdenas, operador político de Andrés Manuel López Obrador. Incluso trabajó en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, con Luz Mijagos, esposa de Cárdenas.

 

Nieto pidió al Senado intervenir

El 20 de octubre, Nieto Castillo solicitó a los senadores objetar su destitución. Esto a través de una carta. 

Senado cita a Nieto y al Procurador en funciones

El presidente  del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, informa que deben acudir ambos funcionarios para explicar sus decisiones y permitir a los legisladores revisar el proceso de destitución y en dado caso vetar la decisión de la PGR y restituir a Nieto en el cargo.

En el Pleno, la oposición en conjunto suma 66 frente a  62 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde el 23 de octubre corre un plazo de 10 días hábiles para que el Senado revise el proceso

Proceso para revertir la remoción del titular de la Fepade

 

1)   El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, informará al Pleno sobre la decisión de la PGR de destituir al titular de la Fepade

2)   El Pleno turna el asunto a la Comisión de Justicia, que en 2015 procesó el nombramiento, el cual fue votado por mayoría en el Pleno.

3)   La Comisión, para efecto de garantizar el derecho de audiencia del servidor público removido, deberá solicitar su comparecencia para manifestar lo que a su derecho convenga, a fin de contar con los elementos objetivos de juicio para la resolución.

4)   El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, encargado del despacho de la PGR, deberá acudir a la Comisión de Justicia para justificar la remoción del titular de la Fepade.

5)   Realizado el análisis de los elementos de juicio con que cuente la Comisión, ésta emitirá dictamen por el voto mayoritario de sus integrantes, mismo que será hecho del conocimiento de la Mesa Directiva del Senado, para que se agende en la sesión ordinaria del Pleno.

6)   La resolución del Pleno deberá tomarse por la mayoría de los legisladores presentes, mediante votación nominal.

7)   La resolución que apruebe la objeción del Senado a la remoción, tendrá por efecto inmediato la restitución del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

8)   Todo el procedimiento debe realizarse en el plazo de diez días.

Trabajo de Nieto al frente de la Fepade

 

Del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2017:

La Fepade abrió 689 carpetas de investigación en contra de militantes de partidos políticos. El 32% va en contra de militantes del PRI. Es el partido más investigado por presuntos delitos electorales con 327 expedientes abiertos.

Seguido por el PAN, PRD y Morena, los cuales suman 259 expedientes abiertos.

Hay 30 expedientes donde están relacionados militantes del Verde.

En los expedientes resalta el condicionamiento de servicios públicos a favor de un candidato, amenazar a burócratas para participar en algún acto proselitista de cierto partido político o el uso de bienes públicos con fines proselitistas.

 

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