El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó una reforma al Artículo 108 constitucional para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por los delitos contra la humanidad, por actos de corrupción y fraude electoral.
El decreto también modifica el Título Cuarto que conforma dicho artículo y el cual especifica que los altos funcionarios, incluido el Ejecutivo Federal, podrán ser juzgados cuando sea comprobado por la autoridad competente y en el caso de delitos contra la humanidad se acatarán los principios en materia de responsabilidad internacional penal, así como las demás disposiciones jurídicas internacionales que haya adoptado el Estado mexicano.
La iniciativa, suscrita por el senador Salomón Jara Cruz, detalla que el objetivo central es que el Presidente en funciones no tenga “ningún tipo de inmunidad por el cargo que ostenta y que en caso de que actué de manera indebida e ilegal, se caiga en una notable impunidad o lo que muchas autores llaman irresponsabilidad presidencial”.
Asimismo, subraya que actualmente se vive una transformación política, por lo que existe la pauta para que el mandatario federal pueda ser sometido a mayores y minuciosos escrutinios, que puedan derivar, en caso de cometer alguno de los delitos mencionados, en responsabilidades penales.
Por su parte, critica que hoy la Carta Magna, aunque contempla que se pueda juzgar al Presidente, sólo puede ser aplicado por traición a la patria y a delitos graves del orden común, mismos que menciona quedan abiertos a la interpretación, ya que no existe alguna disposición en la que se señalen estos delitos.
“No existen mecanismos claros y precisos para hacer ejecutable esta disposición constitucional, la cual tenía el propósito de que el Presidente de la República, al momento de rendir cuentas, en verdad se pudiese hacer acreedor a las sanciones correspondientes”, apunta el senador de Morena.
Y VAN POR BIENES DE CORRUPTOS
Además, senadores de Morena impulsarán una iniciativa que reforma el artículo 22 de la constitución en materia de extinción de dominio, con el cual se pueda combatir la corrupción y se establezca un margen para que sea juzgado.
En la iniciativa se propone agregar a la corrupción dentro de otros delitos en relación con los cuales se deba dictar la extinción de dominio, como lo son: abuso de autoridad; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; cohecho; enriquecimiento ilícito; delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia.
El senador de Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar señala que en los últimos años los casos en los que se ha incurrido en esta práctica y las cantidades millonarias de estos actos son conocidos por todos los mexicanos, por lo que demandó que “el Poder Legislativo no debe ser omiso en proponer adecuaciones al marco jurídico vigente que atiendan de mejor manera estos lamentables hechos”.
