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Se carece de una política criminal

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Por Mario Mora Legaspi

Señala una de las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia

La ausencia de una política criminal de Estado dificulta mucho el funcionamiento del sistema de procuración de justicia e impacta también al sistema de seguridad pública, señala una de las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, en la que nuestra entidad participó directamente.

Esta consulta nacional fue un espacio inclusivo, plural y diverso. La diversidad regional fue una de las notas características de los diálogos sostenidos en las distintas mesas de la consulta. De las 170 participaciones de expertos, 76 fueron en algunas de las instituciones educativas con sede en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Yucatán

Al darse a conocer los resultados de dicho ejercicio de análisis y reflexión, se establece que mientras no rengamos enunciados explícitos en materia de política criminal y mecanismos para hacerlos efectivos, muchos de los problemas que aquejan a nuestro país permanecerán sin ser resueltos. La política criminal constituye la expresión de la política pública del Estado mexicano para el tratamiento de los delitos.

Su ausencia, como una herramienta explícita de planeación y conducción de las acciones estatales, evidencia una deficiencia estructural en el sistema de justicia penal. Por su trascendencia para el modelo de procuración de justicia propuesto, los problemas relacionados con la formulación, implementación y evaluación de la política criminal se analizan con mayor detalle en los apartados subsecuentes de ese informe ejecutivo.

Uno de los aspectos más importantes para la transformación de la investigación criminal consiste en lograr transitar hacia su desformalización. Ello implica necesariamente reducir considerablemente todos los trámites y actividades que no son sustantivos en relación con la función de investigar. Las carpetas de investigación contienen mucha documentación que no se relaciona directamente con el desarrollo de las investigaciones.

Desde luego que desformalizar tampoco implica que desaparezcan todos los registros de investigación. No obstante, el objetivo es dejar de depender del continuo ir y venir de oficios y de la repetición de fotocopias y documentos en el interior de las carpetas. Debe quedar claro que, en el nuevo modelo acusatorio, la carpeta de investigación no produce prueba en los términos en lo que sí lo hacía la averiguación previa.

Desde el punto de vista del funcionamiento institucional de las procuradurías existen diversas recomendaciones relacionadas con el tema de la investigación. Una primera observación tiene que ver con el modelo de toma de decisiones que se emplea con respecto a las investigaciones. Este proceso se suele encontrar centralizado y dificulta mucho la conducción ágil de las investigaciones. Si bien las justificaciones para la centralización de la toma de decisiones tienen que ver con la desconfianza existente al interior de las instituciones, lo que en realidad revela es la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y falta de claridad en las expectativas que se tienen sobre el trabajo ministerial.

El modelo de gestión de los servicios periciales debe garantizar la autonomía técnica de los peritos. En estas condiciones, deben ser capaces de colaborar con las áreas de investigación para proporcionar sus servicios en forma oportuna y con calidad. También se debe asegurar que los servicios periciales tengan acceso a las bases de datos necesarias para el cumplimento de sus labores.

El modelo al que debe aspirarse es el de un fiscal imparcial y autónomo, con amplias facultades de decisión y un buen modelo de supervisión de su labor.

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