La Secretaría de Salud del estado de Aguascalientes realiza una investigación para clarificar el origen de las dos unidades de sangre humana que fueron detectadas en el aeropuerto internacional “Jesús Terán” de esta entidad.
El titular del área, Sergio Velázquez García, explicó que quien o quienes resulten responsables se harán acreedores a fuertes sanciones económicas e incluso a la clausura, en caso de que se compruebe que fueron enviadas por un banco de sangre autorizado.
La noche del martes, elementos de la Policía Federal detectaron a bordo de un vuelo que hizo escala en la entidad, una hielera con dos unidades sanguíneas que eran trasladadas desde Guadalajara hacia la Ciudad de México. De manera independiente al procedimiento judicial que lleven a cabo las autoridades federales, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes abrió ya su propia indagatoria a través del área de Regulación Sanitaria.
De igual manera, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea realiza un análisis exhaustivo del producto decomisado para detectar cualquier riesgo sanitario. Tras los estudios correspondientes la sangre decomisada será destruida.
Velázquez García negó la posibilidad de que éste caso sea un indicio de que se lleve a cabo un tráfico de sangre humana, pues para llevar a cabo un traslado exitoso es necesario un protocolo muy especializado.
“Las unidades de sangre no pueden ser llevadas en una hielera. Tienen que transportarse en compartimientos especiales con unidades termoaislantes con temperaturas adecuadas que no deben ser mayores a cuatro grados centígrados.
No es permitido que se trasladen en autobuses ni en vehículos particulares y el transporte aéreo sólo es permitido siempre y cuando se realice en cámaras despresurizadas”, apuntó.
El funcionario estatal negó la posibilidad de que nos encontremos ante un caso de tráfico de sangre humana, toda vez que al ser transportada de esta manera existe una alta posibilidad de que pierda sus propiedades.
Reconoció que la venta y compra de sangre humana constituye un delito penal, ante la posibilidad de que la falta de control propague enfermedades como el VIH, hepatitis C o algún otro padecimiento.