/ viernes 1 de julio de 2022

ONU investiga casos de tortura en Aguascalientes

Refiere el organismo que 40 personas recibieron estos malos tratos por parte de la Procuraduría General del Estado en tiempos de Felipe Muñoz

Documenta la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) 40 presuntos casos de tortura en Aguascalientes durante los años 2010 a 2014; un total de 33 hombre y siete mujeres permanecen privadas de su libertad por esta situación.

Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU-DH, detalló que habrían sido sometidos a tortura por parte de elementos de la entonces Procuraduría General del Estado, encabezada por Felipe Muñoz Vázquez; añadió que los casos documentados siguen en la impunidad, “sin ser atendidos debidamente, las afectaciones perduran, los responsables no han rendido cuentas ante la justicia y las víctimas aún no reciben una reparación integral y proporcional a su sufrimiento”.

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Apuntó que aunque los hechos ocurrieron hace una década, esto no resta ninguna importancia a los casos, por el contrario, los hace todavía más preocupantes, por ello requieren de una atención inmediata por parte de las autoridades de Aguascalientes, de no hacerlo, incurren en una irresponsabilidad.

Guillermo Fernández Maldonado subrayó que una de las recomendaciones que se desprenden del informe, insta a las autoridades para que investiguen a los elementos señalados y que no se repliquen esos malos tratos, pues “los graves casos presentados en Aguascalientes evidencian la realidad recurrente y extendida de la tortura en el país”.

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Agregó que otro hallazgo de la investigación, que consistió principalmente en testimonios, fue el uso desmedido del arraigo como un mecanismo para ocultar los tratos de tortura, por eso se ha recomendado la derogación de esta figura, que es arbitraria y contraria a todas las normas de derechos humanos.

Para concluir, el representante en México de la ONU-DH concluyó que en el país y en Aguascalientes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia, pues en estos actos hubo omisiones de jueces y magistrados, pues 40 personas están privadas de su libertad porque confesaron delitos que no cometieron con base a actos de tortura; “esta situación exige iniciar nuevas investigaciones que sean objetivas y auténticas”.


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Apuntó que aunque los hechos ocurrieron hace una década, esto no resta ninguna importancia a los casos, por el contrario, los hace todavía más preocupantes, por ello requieren de una atención inmediata por parte de las autoridades de Aguascalientes, de no hacerlo, incurren en una irresponsabilidad.

Guillermo Fernández Maldonado subrayó que una de las recomendaciones que se desprenden del informe, insta a las autoridades para que investiguen a los elementos señalados y que no se repliquen esos malos tratos, pues “los graves casos presentados en Aguascalientes evidencian la realidad recurrente y extendida de la tortura en el país”.

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Agregó que otro hallazgo de la investigación, que consistió principalmente en testimonios, fue el uso desmedido del arraigo como un mecanismo para ocultar los tratos de tortura, por eso se ha recomendado la derogación de esta figura, que es arbitraria y contraria a todas las normas de derechos humanos.

Para concluir, el representante en México de la ONU-DH concluyó que en el país y en Aguascalientes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia, pues en estos actos hubo omisiones de jueces y magistrados, pues 40 personas están privadas de su libertad porque confesaron delitos que no cometieron con base a actos de tortura; “esta situación exige iniciar nuevas investigaciones que sean objetivas y auténticas”.


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