Alrededor de 90% de los procesos que se siguen en los diferentes juzgados locales son atendidos por defensores de oficio y asesores jurídicos oficiales, en tanto que apenas uno de cada diez es llevado por abogados litigantes particulares.
Esta situación no es privativa del nuevo Sistema de Justicia Penal, sino que se presenta desde que operaba el sistema tradicional de justicia, donde la Defensoría de Oficio atendía el mayor número de asuntos.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, Juan Manuel Ponce Sánchez, consideró que esta situación deriva de la falta de recursos de los procesados, quienes no cuentan con los recursos suficientes para pagar un abogado.
“Hay una realidad, el mayor número de personas que cometen delitos, sobre todo tratándose de aquellos como robo y narcomenudeo es gente de escasos recursos económicos y por tal motivo siempre acuden a las instituciones oficiales”, apuntó.
La ley prevé que, si el imputado o el procesado carecen de recursos, el Estado debe nombrarle un defensor de oficio. Si la víctima no cuenta con dinero para cubrir los gastos de un abogado particular, el Estado le proporciona un Asesor Jurídico.
Ponce Sánchez recordó que, a pesar de que Aguascalientes, al igual que la mayor parte de los estados de la República llegaron tarde a la instrumentación del nuevo Sistema Penal, ello no ha sido obstáculo para que el personal del Poder Judicial se capacitara a fondo para hacer frente con éxito a los nuevos requerimientos.
“Los últimos dos años se hizo una capacitación bastante fuerte. Dedicamos un gran esfuerzo a la capacitación tanto a lo interno del Poder Judicial y ofrecer una capacitación a otros operadores. El resultado es que la mayoría de los ministerios púbicos que actúan frente a nosotros y los defensores de oficio están muy bien preparados, dominan el sistema, se prepararon en la teoría y el hecho de que estén en constantes audiencias hace que vayan adquiriendo cada vez mejores habilidades”, acotó.
Frase
“Hay una realidad, el mayor número de personas que cometen delitos, sobre todo tratándose de aquellos como robo y narcomenudeo es gente de escasos recursos económicos y por tal motivo siempre acuden a las instituciones oficiales”.
Juan Manuel Ponce Sánchez
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
