En actitud provocadora, discriminatoria y anti laboral la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió y ordenó el 17 de febrero y el 25 de junio de 2021 aplicar la UMA para el cálculo de las pensiones y no en el salario mínimo, plegándose a los designios de los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Así lo manifestaron ocho organizaciones de jubilados a través de un pronunciamiento firmado, entre otros dirigentes, por María de Jesús Rangel Velázquez (Chuyita), quien está al frente, en Aguascalientes, de la Coalición Nacional de Jubilados y pensionados “Elpidio Domínguez Castro”, documento en el que se afirma que “hoy somos millones los trabajadores y nuestras familias los afectados con la aplicación de la UMA y nuevamente castigados por los efectos nefastos de esa política económica”.
Demandantes que afirmaron que “cada día somos más quienes nos sumamos a la lucha mediante demandas y amparos legales, con denuncia pública y movilizaciones ante éste que es un atraco a los trabajadores”.
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Durante todo este proceso, “nos vamos integrando más agrupaciones y contingentes de jubilados, así como de trabajadoras y trabajadores en servicio activo, quienes demandamos que el Ejecutivo Federal envíe una iniciativa preferente a la Cámara de Diputados que resuelva nuestra exigencia central: UMA no, salario mínimo sí, en nuestras pensiones”.
En este sentido “ordenar al ISSSTE para que paguen las pensiones tomando como base lo anterior, con indexación de las pensiones al salario mínimo, como se pagaba antes de 2017 y que este asunto sea tratado por los gobiernos Federal y estatales, el Poder Legislativo y el Judicial como lo que es: un problema social, de tipo laboral y no un asunto de carácter administrativo o de cálculo financiero”.
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“Por lo que se debe llevar a cabo una reforma integral al Sistema Pensionario Mexicano, dando seguridad social al universo de trabajadores tanto jubilados como activos”.
En este sentido, señalaron los dirigentes “nos pronunciamos porque la sociedad se concientice de la injusticia que se comete por los organismos financieros internacionales que promueven se convierta en mercancía un tema de seguridad social, como lo son los sistemas pensionarios. y que el Estado Mexicano asuma la responsabilidad de brindar seguridad, sin escatimar medios ni recursos, a todo trabajador que aportó para su pensión y tenga garantizada una vida digna en su vejez”.
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