El 96 por ciento de las personas que trabajan en el servicio doméstico lo hacen sin ninguna protección laboral, compartió Vania Gutiérrez Barrera, presidenta de Maternidades autónomas y libres a.c., Colectivo Deudores Alimentarios, Aguascalientes; donde muchas mujeres autónomas se desempeñan por necesidad en este rubro, que al tiempo les impide brindar seguridad a sus hijos, Aguascalientes no está exento; explicó que el trabajo doméstico remunerado en México, realizado por más de 2.2 millones de personas, se ha convertido en una ocupación precarizada y carente de derechos básicos.
Predominantemente realizado por mujeres, madres y mujeres autónomas, esta labor se desempeña en condiciones informales, sin acceso a seguro social y con el incumplimiento de normas laborales. El 70 por ciento de estas trabajadoras no tiene acceso a ninguna prestación laboral, según datos del INEGI (2021).
Las tareas que llevan a cabo incluyen desde la limpieza y la cocina hasta el cuidado de niños, ancianos o personas enfermas, labores fundamentales para la economía de los cuidados. Sin embargo, sus condiciones laborales varían drásticamente; muchas enfrentan largas jornadas, falta de descanso y una vulnerabilidad constante a la violencia y el acoso, especialmente aquellas que residen en las casas de sus empleadores, donde son sometidas a situaciones de explotación extrema.
A pesar de la existencia de leyes que reconocen sus derechos, como la Ley Federal del Trabajo, pocos empleadores cumplen con las obligaciones de registrar a las trabajadoras en el seguro social o de ofrecer condiciones dignas.
Artículos como el 331 al 343 de la ley estipulan que estas trabajadoras deben tener acceso a un contrato escrito, jornadas limitadas y descansos obligatorios, además de prohibir cualquier tipo de discriminación y exigir que los alimentos y la habitación que se les proporcione sean adecuados.
Los retos que enfrentan las trabajadoras del hogar tienen raíces profundas en la percepción social y el trato hacia ellas. Para erradicar la violencia y discriminación, es necesario un cambio cultural y la implementación de políticas públicas que modifiquen los patrones de conducta y estereotipos que perpetúan su invisibilidad.
Sin embargo, el cambio también requiere que los grupos de poder, quienes en muchos casos son empleadores de estas trabajadoras, dejen de proteger sus propios intereses a costa de los derechos de estas mujeres.
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