El ejecutivo financiero Raymundo Cruz Ramos aseguró ayer que el 50% de la población en el país no tiene acceso a algún tipo de pensión, incluyendo los que ofrecen los programas populares.
Dijo que las trabajadoras domésticas y los jornaleros son un ejemplo tangible de esta problemática, “este grupo no tiene acceso, ni siquiera, al Seguro Popular. Hay que afrontar esta situación y ver cómo lo resolvemos”.
Luego informó que existe un pasivo laboral millonario de los sistemas de seguridad social, “diversos estudios señalan que la cifra rebasa los 900 mil millones de pesos”. Sólo el 50% de la población económicamente activa es parte del sistema de pensiones, “por lo tanto los demás cuentan con un futuro incierto”.
Únicamente, añadió, el 35% de esa población está afiliado al IMSS y el otro 15 recibe el servicio de los sistemas estatales, como las universidades y los organismos paraestatales.
Cruz Ramos señaló que para revertir la situación primero se debe elaborar un diagnóstico que muestre el estado financiero, de forma real y objetiva, de cada entidad. Comentó que se debe tratar de homologar el marco jurídico de los sistemas de pensiones de las entidades, “porque son muy desiguales”.
Indicó que mientras en Aguascalientes no hay pensiones por viudez, en otras entidades se da hasta el 100% del sueldo del difunto; “entonces, son leyes muy heterogéneas, diferentes, por lo que tenemos que revisar la realidad de cada uno y de ahí partir hacia una homologación”.
Propuso también regular las comisiones por manejo de cuentas que se cobran. “Está bien, uno entiende que es su negocio, pero no podemos permitir que ganen a costa del detrimento de los trabajadores”.
Con esta dinámica, continuó, para el 2022 el país no podrá crecer el 5, 6, 7 u 8% que se pretende. En el futuro no vamos a tener recursos fiscales para soportar una especie de Fobaproa de las pensiones.
En ese sentido, sugirió elaborar un estudio que diagnostique de forma clara cuál es la situación financiera de las instituciones de seguridad social; advirtió que de no hacerlo se podría “activar una bomba de tiempo financiera” que sería difícil de resolver.
“No podemos permitir que esa bomba crezca, ni tampoco dejemos que las instituciones de seguridad social, como lo pretendía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pierdan el sentido social; el día que eso suceda la bomba se puede activar”, sentenció.
El ejecutivo financiero enfatizó que la actual legislatura tiene una tarea pendiente en el tema de las reglas de operación establecidas por Hacienda para acceder a los recursos.
“Sería importante que la Cámara de Diputados incida en flexibilizar dichas normas para contar con el dinero que hay en el fondo de apoyo para este rubro”, aseveró.
Afirmó que se requiere impulsar un sistema nacional de información con una base de datos única, que incluya a todos los institutos “para tener el historial de los trabajadores”.
Por último, explicó que así se podría crear un fondo nacional de pensiones, “en lugar de dar la inversión que tiene cada uno de los estados pudiera haber un gran fondo nacional que sería el preámbulo para concretar la pensión universal”.
EL DATO:
Es necesario crear las condiciones necesarias para crear la pensión universal, una demanda social sentida que debe ser atendida
