Elementos policiacos estatales, municipales y de investigación se encuentran impedidos por nuestras leyes para detener, retener o revisar en su persona o pertenencias a extranjeros que se encuentren en nuestro país, así sea de manera ilegal.
Así se establece en la Recomendación General 06/2018 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del Fiscal General del estado, el Secretario de Seguridad Pública estatal y los secretarios de Seguridad Pública de los once ayuntamientos que conforman la entidad.
El documento signado por el ombudsman estatal, Asunción Gutiérrez Padilla, insta a los titulares de estas dependencias para que instruyan al personal a su cargo de abstenerse de llevar a cabo verificaciones, revisiones y detenciones en contra de personas cuando se sospeche que se encuentran en condición migratoria irregular en territorio estatal.
En su exposición de motivos, el órgano defensor de las garantías individuales se reconoce que entre las causas de quienes emigran se encuentran las condiciones económicas o de pobreza que tienen en su país, huyen de la guerra, de los conflictos étnicos, luchas civiles y violaciones a los derechos humanos, entre otros.
Se considera que las detenciones realizadas por cuerpos policiales estatales y municipales con motivo de revisar la estancia irregular en nuestro país son arbitrarias y contravienen los acuerdos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por lo cual en ningún caso la situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, no se deberá estar en el entendido de que los migrantes por su condición no documentada han cometido ilícito alguno.
De igual manera, la CEDH califica las detenciones a que han sido sometidos migrantes por parte de elementos de policías locales que no están facultadas para ello, además de ser violatorias de los derechos humanos son considerados como discriminatorios y se constituyen en un tipo de privación ilegal de la libertad.
