/ lunes 21 de enero de 2019

Mayor control sobre la seguridad privada

La seguridad privada, en cuanto tal, sufre una crisis sistémica que radica en su efímera legitimidad de origen, puesto que nace y se desarrolla a la sombra del fracaso del Estado en su prestación del servicio de seguridad

La seguridad privada, en cuanto tal, sufre una crisis sistémica que radica en su efímera legitimidad de origen, puesto que nace y se desarrolla a la sombra del fracaso del Estado en su prestación del servicio de seguridad, consideró ayer el abogado Oscar Ruiz Valle.


Resulta producto, por lo tanto, de una confianza rota entre los ciudadanos y sus instituciones y, para colmo, no introduce sino un modelo patrimonialista de la seguridad: sus eventuales beneficios recaen tan sólo en quienes pueden solventarla. De lo cual resulta que constituye otro factor adicional que hace a la profundización de la discriminación y la desigualdad social


Tenían buenas razones quienes desde el corazón de los años noventa llamaban a reflexionar acerca de la seguridad privada y sus impactos en el Estado de derecho. Advertían entonces las primeras consecuencias operativas de aquellos novedosos agentes de control social y resaltaban de qué importante modo fracturaban y ponían en crisis el monopolio estatal del uso de la fuerza

No era un fenómeno nuevo en nuestro país la custodia privada de caudales, bienes y edificios o el propio servicio de guardaespaldas. Sin embargo, por aquellos años ya se percibía el incesante incremento del recurso privado en un contexto caracterizado por el auge del capitalismo corporativo y la acelerada privatización de los servicios otrora prestados por el propio Estado.

A dos décadas de distancia, algunos de los problemas relativos a la seguridad ciudadana parecen irresolubles, al menos en el corto plazo. Entre ellos se encuentran los derivados de la compleja inserción del sector privado en el escenario público, su consabida vinculación con ciertos grupos delictivos y la indisimulable desidia con la que se efectúa su control y fiscalización por parte de los organismos del Estado sobre los cuales recae tales obligaciones constitucionales.

Es cierto que las empresas de seguridad privada se ajustan a un ordenamiento. Sin embargo, sabemos que si bien de gran importancia, la adecuación normativa es tan sólo un paso y carece, por sí misma, de efectos mágicos o instantáneos. De allí la importancia que tiene la cultura política de un pueblo -gobernados y gobernantes-, sus convicciones y creencias profundas, así como su adhesión o no a las prácticas que trae aparejado el juego democrático. Todo lo cual habrá de incidir para que una ley sea o no internalizada y se incorpore como parte de la conciencia colectiva.

Este caso no resulta especialmente alentador, pues aumenta cada vez el número de vigilantes legalmente habilitados que trabajan para agencias privadas, pero hay también quienes se desempeñan sin contar con autorización legal, lo cual es extremadamente riesgoso.

Además, aseguró Ruiz Valle, la vinculación de algunos agentes de seguridad privada con el universo delictivo no es un secreto, puesto que muchos de los delitos que se cometen en empresas, como asaltos y robos, se hicieron con el apoyo de un ex vigilante o de un ex guardián que conoció perfectamente el funcionamiento del negocio.

Aunque existe un registro estatal de estas empresas en Aguascalientes, éste no está al acceso de los ciudadanos que contratan un servicio de seguridad privada, como es el caso del registro federal.

Y es que a nivel local hay funcionarios y ex funcionarios en las áreas de seguridad pública que también se dedican a la seguridad privada, finalizó.


EL DATO:


La vinculación de algunos agentes de seguridad privada con el universo delictivo no es un secreto

La seguridad privada, en cuanto tal, sufre una crisis sistémica que radica en su efímera legitimidad de origen, puesto que nace y se desarrolla a la sombra del fracaso del Estado en su prestación del servicio de seguridad, consideró ayer el abogado Oscar Ruiz Valle.


Resulta producto, por lo tanto, de una confianza rota entre los ciudadanos y sus instituciones y, para colmo, no introduce sino un modelo patrimonialista de la seguridad: sus eventuales beneficios recaen tan sólo en quienes pueden solventarla. De lo cual resulta que constituye otro factor adicional que hace a la profundización de la discriminación y la desigualdad social


Tenían buenas razones quienes desde el corazón de los años noventa llamaban a reflexionar acerca de la seguridad privada y sus impactos en el Estado de derecho. Advertían entonces las primeras consecuencias operativas de aquellos novedosos agentes de control social y resaltaban de qué importante modo fracturaban y ponían en crisis el monopolio estatal del uso de la fuerza

No era un fenómeno nuevo en nuestro país la custodia privada de caudales, bienes y edificios o el propio servicio de guardaespaldas. Sin embargo, por aquellos años ya se percibía el incesante incremento del recurso privado en un contexto caracterizado por el auge del capitalismo corporativo y la acelerada privatización de los servicios otrora prestados por el propio Estado.

A dos décadas de distancia, algunos de los problemas relativos a la seguridad ciudadana parecen irresolubles, al menos en el corto plazo. Entre ellos se encuentran los derivados de la compleja inserción del sector privado en el escenario público, su consabida vinculación con ciertos grupos delictivos y la indisimulable desidia con la que se efectúa su control y fiscalización por parte de los organismos del Estado sobre los cuales recae tales obligaciones constitucionales.

Es cierto que las empresas de seguridad privada se ajustan a un ordenamiento. Sin embargo, sabemos que si bien de gran importancia, la adecuación normativa es tan sólo un paso y carece, por sí misma, de efectos mágicos o instantáneos. De allí la importancia que tiene la cultura política de un pueblo -gobernados y gobernantes-, sus convicciones y creencias profundas, así como su adhesión o no a las prácticas que trae aparejado el juego democrático. Todo lo cual habrá de incidir para que una ley sea o no internalizada y se incorpore como parte de la conciencia colectiva.

Este caso no resulta especialmente alentador, pues aumenta cada vez el número de vigilantes legalmente habilitados que trabajan para agencias privadas, pero hay también quienes se desempeñan sin contar con autorización legal, lo cual es extremadamente riesgoso.

Además, aseguró Ruiz Valle, la vinculación de algunos agentes de seguridad privada con el universo delictivo no es un secreto, puesto que muchos de los delitos que se cometen en empresas, como asaltos y robos, se hicieron con el apoyo de un ex vigilante o de un ex guardián que conoció perfectamente el funcionamiento del negocio.

Aunque existe un registro estatal de estas empresas en Aguascalientes, éste no está al acceso de los ciudadanos que contratan un servicio de seguridad privada, como es el caso del registro federal.

Y es que a nivel local hay funcionarios y ex funcionarios en las áreas de seguridad pública que también se dedican a la seguridad privada, finalizó.


EL DATO:


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