/ jueves 8 de noviembre de 2018

Latente el problema de los feminicidios

En el caso particular de nuestra entidad, se aplica un castigo de 20 a 50 años de prisión a quien o quienes cometan este tipo de delito, conforme a las modificaciones al Código de Procedimientos Penales.

Aguascalientes no está al margen del serio problema del feminicidio, prueba de ello es que entre 2007 y 2016 se han registrado 83 homicidios de mujeres, sin incluir los que se han registrado en los últimos dos años.

Lo anterior forma parte del análisis elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, denominado “La Vergüenza Nacional de los Feminicidios”.

En el caso particular de nuestra entidad, se aplica un castigo de 20 a 50 años de prisión a quien o quienes cometan este tipo de delito, conforme a las modificaciones al Código de Procedimientos Penales.

El fenómeno del feminicidio es complejo. Para que ocurra es necesaria la concurrencia de manera criminal, del silencio, de la omisión, de la negligencia y de la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus prejuicios sexistas y misóginos sobre las mujeres.

Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes y la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas. También actitudes de disminución del hecho que tienden a demostrar que no son tantas “las muertas” o que aquí no ocurre lo mismo que en Juárez, la India o Guatemala. Se afirma también que no se trata de feminicidio, “sólo son crímenes contra niñas y mujeres”.


Esta clase de delito [que] incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario priva de la vida dolosamente a una mujer bajo ciertas circunstancias como: violencia de género, violencia familiar, desprecio u odio a la víctima, tortura o tratos crueles o degradantes, exista o haya existido una relación de afecto o de confianza entre la víctima y el agresor, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o para ocultar una violación

La presencia de violencia institucional que viven las mujeres en México puede encontrarse en las reformas a las constituciones locales en relación con la interrupción del embarazo, que en 17 estados han aprobado los congresos para proteger el derecho a la vida, desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide.

Estas reformas tienen como consecuencia la obstrucción, la dificultad o realmente la negación de servicios médicos cuando se trata de interrupción del embarazo en casos de violación.

Este aspecto representa un claro incumplimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046. En cierto sentido criminaliza y persigue a las mujeres que interrumpen su embarazo.

Las reformas impuestas en ciertas entidades federativas son discriminatorias de las mujeres y muestran el incumplimiento del Estado mexicano del principio de progresividad. Por otro lado, la violencia institucional se expresa en la ineficacia evidente de la justicia mexicana si se leyera en función del creciente número de feminicidios.

Bajo sus diferentes formas, el feminicidio está marcando las relaciones políticas en México, la agenda ciudadana o de los partidos, la agenda legislativa o el ejercicio de gobierno en sus diferentes niveles etcétera. No hay lugar, tiempo y ningún actor en el país que no esté marcado por esta situación que se ha convertido en una vergüenza nacional.

En México cada día se reportan dos feminicidios. Entre enero y junio del presente año las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 387 carpetas de investigación por ese delito.


EL DATO:

Aquí se aplica un castigo de 20 a 50 años a quien o quienes cometan este tipo de delito


Aguascalientes no está al margen del serio problema del feminicidio, prueba de ello es que entre 2007 y 2016 se han registrado 83 homicidios de mujeres, sin incluir los que se han registrado en los últimos dos años.

Lo anterior forma parte del análisis elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, denominado “La Vergüenza Nacional de los Feminicidios”.

En el caso particular de nuestra entidad, se aplica un castigo de 20 a 50 años de prisión a quien o quienes cometan este tipo de delito, conforme a las modificaciones al Código de Procedimientos Penales.

El fenómeno del feminicidio es complejo. Para que ocurra es necesaria la concurrencia de manera criminal, del silencio, de la omisión, de la negligencia y de la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Su ceguera de género o sus prejuicios sexistas y misóginos sobre las mujeres.

Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes y la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas. También actitudes de disminución del hecho que tienden a demostrar que no son tantas “las muertas” o que aquí no ocurre lo mismo que en Juárez, la India o Guatemala. Se afirma también que no se trata de feminicidio, “sólo son crímenes contra niñas y mujeres”.


Esta clase de delito [que] incorpora todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario priva de la vida dolosamente a una mujer bajo ciertas circunstancias como: violencia de género, violencia familiar, desprecio u odio a la víctima, tortura o tratos crueles o degradantes, exista o haya existido una relación de afecto o de confianza entre la víctima y el agresor, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o para ocultar una violación

La presencia de violencia institucional que viven las mujeres en México puede encontrarse en las reformas a las constituciones locales en relación con la interrupción del embarazo, que en 17 estados han aprobado los congresos para proteger el derecho a la vida, desde el momento de la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide.

Estas reformas tienen como consecuencia la obstrucción, la dificultad o realmente la negación de servicios médicos cuando se trata de interrupción del embarazo en casos de violación.

Este aspecto representa un claro incumplimiento en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046. En cierto sentido criminaliza y persigue a las mujeres que interrumpen su embarazo.

Las reformas impuestas en ciertas entidades federativas son discriminatorias de las mujeres y muestran el incumplimiento del Estado mexicano del principio de progresividad. Por otro lado, la violencia institucional se expresa en la ineficacia evidente de la justicia mexicana si se leyera en función del creciente número de feminicidios.

Bajo sus diferentes formas, el feminicidio está marcando las relaciones políticas en México, la agenda ciudadana o de los partidos, la agenda legislativa o el ejercicio de gobierno en sus diferentes niveles etcétera. No hay lugar, tiempo y ningún actor en el país que no esté marcado por esta situación que se ha convertido en una vergüenza nacional.

En México cada día se reportan dos feminicidios. Entre enero y junio del presente año las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 387 carpetas de investigación por ese delito.


EL DATO:

Aquí se aplica un castigo de 20 a 50 años a quien o quienes cometan este tipo de delito


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