El esquema de concesión en materia de agua potable no ha funcionado porque no hay instrumentos en la legislación que permitan tener un control sobre los organismos operadores, en consecuencia, es indispensable que los diputados modifiquen la Ley de Agua para Aguascalientes, sostuvo Salvador Farías Higareda, al tomar protesta como nuevo presidente del Colegio de Abogados.
Manifestó que esta normativa no ha sido modificada en los últimos 10 años, por lo que es difícil que las autoridades municipales “metan en cintura a la concesionaria”; añadió que por ello el marco normativo debe actualizarse de cara a la renovación del título de concesión, pero también porque en probable que en un futuro otros municipios tengan que recurrir a este esquema.
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Entonces con qué elementos va a poder un ayuntamiento, si lo meten ahí a sus ocurrencias, si el legislador dijera: debe de tener estas cláusulas, da los lineamientos puntuales para que nadie se salga
(…) porque si no das una legislación que soporte para que un administrativo sancione algo, pues entonces no va a tener buen resultado”, señaló.
Salvador Farías consideró que tomando en consideración el crecimiento que están teniendo algunos municipios, como Aguascalientes y Jesús María, en un futuro sus autoridades podrían plantearse concesionar el servicio de agua potable, pero para que sea una estrategia exitosa, debe haber un andamiaje normativo sólido.
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Detalló que las modificaciones a la Ley de Agua para el Estado Aguascalientes deben hacer mayor hincapié en los costos y la calidad del vital líquido, para fijar parámetros claros en ambos rubros; añadió que también deben considerarse otros factores, como el acceso mínimo vital al agua potable, que según varias jurisprudencias, es de 50 litros diarios por persona.
Para terminar, el presidente del Colegio de Abogados refirió que sí hay elementos para retirarle la concesión a Veolia, pues “por la molestia que ha tenido la población, todo el mundo está molesto porque está fallando la concesión, no puedes continuar con los mismos”, sin embargo, sin un andamiaje jurídico sólido, las autoridades municipales pueden enfrentar litigios millonarios.
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