/ lunes 25 de marzo de 2019

La corrupción preocupa a la sociedad mexicana

El INEGI colaborará estrechamente en el combate a la corrupción, al ser el segundo problema que más preocupa a la población

El INEGI colaborará estrechamente en el combate a la corrupción, al ser el segundo problema que más preocupa a la población, además 91.1% de la población de 18 años y más percibe que son frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa, mientras que esa percepción se tiene en 82.2% de las unidades económicas.

Asimismo, la corrupción afectó directamente a 14.6% de la población adulta que en 2017 experimentó algún acto de corrupción al estar en contacto con algún servidor público, y a 5.6% de los establecimientos que en 2016 fueron víctimas de corrupción.

Para la sociedad, estos actos implicaron un costo de 7 218 millones de pesos, y para las empresas significó 1 611 millones de pesos, posicionando a este problema como uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno.

Para atender esta situación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015, tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

En 2018, el INEGI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) celebraron un convenio de colaboración para aprovechar los censos y encuestas nacionales de gobierno, registros administrativos e indicadores que produce el INEGI sobre el tema.

De esta manera, el INEGI, el SNA y el Comité de Participación Ciudadana del SNA acordaron, junto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), colaborar en el combate a la corrupción.

Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI encargado del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, presentó la información estadística e indicadores que permiten enfocar estratégicamente el combate a la corrupción en las entidades del país, así como los talleres que realizará para capacitar a los profesionales del SNA y de los Sistemas Estatales Anticorrupción en el uso y explotación de información estadística del Instituto en materia anticorrupción.

El titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Roberto Moreno, presentó el uso de la información estadística del INEGI para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas del SNA.

En el acto intervinieron también César Emiliano Hernández Ochoa, comisionado nacional de la CONAMER, así como los representantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, José Octavio López Presa, habló sobre la estrategia y compromisos del SNA. Destacó el hecho de impulsar a que los sistemas estatales se enfoquen en bajar los índices de corrupción.


Se espera que estas actividades beneficien a la sociedad a través de la generación de información estadística de calidad para el diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas orientadas a atender el problema de la corrupción en México y, en particular, sustenten las estrategias que proponga el SNA

EL DATO:

Las corruptelas implicaron para la sociedad un costo de 7 218 millones de pesos

El INEGI colaborará estrechamente en el combate a la corrupción, al ser el segundo problema que más preocupa a la población, además 91.1% de la población de 18 años y más percibe que son frecuentes los actos de corrupción en su entidad federativa, mientras que esa percepción se tiene en 82.2% de las unidades económicas.

Asimismo, la corrupción afectó directamente a 14.6% de la población adulta que en 2017 experimentó algún acto de corrupción al estar en contacto con algún servidor público, y a 5.6% de los establecimientos que en 2016 fueron víctimas de corrupción.

Para la sociedad, estos actos implicaron un costo de 7 218 millones de pesos, y para las empresas significó 1 611 millones de pesos, posicionando a este problema como uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno.

Para atender esta situación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en 2015, tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

En 2018, el INEGI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) celebraron un convenio de colaboración para aprovechar los censos y encuestas nacionales de gobierno, registros administrativos e indicadores que produce el INEGI sobre el tema.

De esta manera, el INEGI, el SNA y el Comité de Participación Ciudadana del SNA acordaron, junto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), colaborar en el combate a la corrupción.

Adrián Franco Barrios, vicepresidente del INEGI encargado del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, presentó la información estadística e indicadores que permiten enfocar estratégicamente el combate a la corrupción en las entidades del país, así como los talleres que realizará para capacitar a los profesionales del SNA y de los Sistemas Estatales Anticorrupción en el uso y explotación de información estadística del Instituto en materia anticorrupción.

El titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Roberto Moreno, presentó el uso de la información estadística del INEGI para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas del SNA.

En el acto intervinieron también César Emiliano Hernández Ochoa, comisionado nacional de la CONAMER, así como los representantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, José Octavio López Presa, habló sobre la estrategia y compromisos del SNA. Destacó el hecho de impulsar a que los sistemas estatales se enfoquen en bajar los índices de corrupción.


Se espera que estas actividades beneficien a la sociedad a través de la generación de información estadística de calidad para el diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas orientadas a atender el problema de la corrupción en México y, en particular, sustenten las estrategias que proponga el SNA

EL DATO:

Las corruptelas implicaron para la sociedad un costo de 7 218 millones de pesos

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